ONG que trabajan en el ámbito de la Cooperación al Desarrollo elevar la Ayuda Oficial al Desarrollo alcance el 0,5 por ciento de la Renta Nacional Bruta (RNB) en la presente legislatura, como uno de los retos para empezar a trabajar en 2020.
Así lo ha puesto de manifiesto el presidente de la Coordinadora de Organizaciones de Cooperación para el Desarrollo (CONGD), Andrés R. Amayuelas, que también pide para el nuevo año recuperar la cooperación para el desarrollo como una política pública, previsible y bien dotada económicamente y establecer una hoja de ruta para un pacto de Estado de la cooperación.
En la misma línea, el director ejecutivo interino de Oxfam Intermón, José María Vera, pide más «peso» de la cooperación española en los Presupuestos Generales del Estado, una apuesta por el desarrollo sostenible no solo desde el punto de vista ambiental sino también equitativo o una política fiscal «renovada» para luchar contra las desigualdades.
En cuanto al balance de 2019, Amayuelas ha asegurado que en el lado positivo del año 2019 aprecian «la voluntad del Gobierno por cambiar el rumbo de la política de cooperación». Sin embargo, ha apuntado que la propuesta de los PGE 2019 –que aumentaba la AOD en 307 millones– «no estaba a la altura de las necesidades».
Si bien, considera que se ha avanzado en «una mayor ambición en la implementación de la Agenda 2030 y en la agenda climática en Europa» y ve «muy oportuno» el inicio del debate sobre la reforma del sistema de cooperación española, creándose una subcomisión específica en la Comisión de Cooperación Internacional en el Congreso. «Esperamos que los nuevos diputados y diputadas inicien el camino hacia la construcción de una agenda fortalecida», ha deseado.
Además, ha lamentado que España, con 2.180 millones de euros destinados a la Ayuda Oficial al Desarrollo, que descendió del 0,19% al 0,18% de la RNB, «continúa a la cola de Europa»; y ha criticado que no se ha avanzado en coherencia de políticas para el desarrollo sostenible pues «España continúa vendiendo armas a países en conflicto y que violan derechos humanos; la ley mordaza continúa vigente; y se retrasa la aprobación de una Ley de Transición Energética y Cambio Climático que contenga un capítulo de Justicia Climática Global».
Mientras, Vera ha asegurado que el 2019 ha sido «un año malo» si se fijan en las personas con las que trabajan. «La cooperación española está bajo mínimos con una caída del 70% desde el año 2009 y del 90% específicamente en los fondos para acción humanitaria», ha precisado.