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jueves, 28 marzo 2024
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Ribera espera que en marzo la Ley de cambio climático llegue al Parlamento e iniciar en 100 días 5 medidas de emergencia

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La Vicepresidenta Cuarta y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, confía en que el proyecto de Ley de Cambio Climático llegue al Parlamento para su tramitación parlamentaria en el mes de marzo. Al mismo tiempo, espera cumplir el objetivo de los «cien días para las cinco grandes medidas de la declaración de emergencia» que supone una «oportunidad de empleo, de modernización de la economía y de mejora de la calidad de vida de los ciudadanos».

En declaraciones a los medios antes de iniciar la reunión del Consejo Asesor de Medio Ambiente, la ministra ha mostrado su convencimiento en que prevé «cumplir» el objetivo de los «cien días para las cinco grandes medidas de la declaración de emergencia», aunque además serán necesarios otros cien días más para otros muchos aspectos que declinan de esta ley.

«El conjunto de las 30 medidas que incorporamos en esa declaración formal de emergencia forman ya parte del eje transversal de acción del conjunto del Gobierno, seguidas, diría con gran interés y acompañadas por las administraciones autonómicas y locales en muchos casos, pero también de múltiples instituciones organizaciones e la sociedad civil y de actores económicos que ven en esto una gran oportunidad de empleo, de modernización de nuestra economía y de mejora de la calidad de vida de nuestros ciudadanos», ha manifestado.

El proyecto normativo fue presentado hace justo un año, en febrero de 2019 y tras el parón electoral, parece que en el mes de marzo llegará a las Cortes para iniciar su tramitación y después de su paso de por las conferencias sectoriales de energía y de medio ambiente, por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y de que el Consejo de Estado emita su informe. «Son plazos difícilmente evitables incluso si se tramita por la vía de urgencia. Más bien será en marzo», ha admitido.

Si bien, ha apuntado que «dentro de esa frustración por haber estado un año en funciones» lo positivo es que en este tiempo las distintas organizaciones han ido haciendo sus contribuciones más allá del tiempo oficialmente previsto en el contexto del trámite de información pública. En todo caso, confía en que pueda llegar cuanto antes para que sean los grupos parlamentarios los que «enriquezcan» la norma.

En ese tiempo, ha dicho que «a la vista de los comentarios» el texto que se enviará a las cortes incluirá dentro de las «obligaciones de la ley» el establecimiento de zonas de bajas emisiones en las ciudades y pueblos de más de 50.000 habitantes, que para la ministra son «fundamentales por razones de salud pública, ruido y ocupación del espacio público».

«Son señales que nos permiten acomodarnos a un modelo de movilidad interior mucho más sana, mucho más saludable, mucho más amistosa, más agradable para los vecinos cuando existen alternativas en la mayor parte de las ciudades. Es algo que queremos fortalecer, endurecer», ha manifestado.

Precisamente, ha asegurado que Madrid central es «inevitable» en la nueva ley y considera que el Ayuntamiento de la capital está «fuera de marco, fuera de perspectiva», al plantear una propuesta «confusa» en la que opina que más bien «se apunta a la idea de invitar a los coches a Madrid, en lugar de reforzar la idea de una movilidad mucho más sana y compatible con la salud de los vecinos».

Preguntada por el adelanto en el calendario de otros países de la fecha para prohibir la comercialización de vehículos diésel o de gasolina, Ribera ha explicado que la propuesta del Gobierno «en estos momentos» es la de limitarse a «mantener y acompañar» las decisiones del marco de la UE y mantenerse en esas recomendaciones y limitaciones temporales que introduce la directiva europea, aunque admite que algunos países están «queriendo abrir el debate» sobre como anticipar esa fecha.

«Es un debate abierto, a nosotros lo que nos importa en estos momentos es garantizar la viabilidad de nuestros objetivos ambientales de clima y de calidad del aire y de salud pública y por otra parte, acompañar un proceso importantísimo de transformación de nuestra industria, del conjunto de la cadena de valor del sector del automóvil y del sector de la movilidad», ha afirmado la Vicepresidenta que ha añadido que los Ministerios de Transportes, Agenda Urbana y Movilidad, así como el de Industria y Transición Ecológica están trabajando en la cuestión. «Es un debate abierto y es interesante ver como evoluciona», ha planteado.

Respecto a los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima ha resumido que se plantea una reducción del 23 por ciento en 2030 respecto a 1990, de acuerdo con un reparto justo aplicando los criterios de la UE frente a esa reducción del 50 al 52 por ciento para 2030, aunque si se aumenta hasta el 55 por ciento podría incrementarse el ritmo de reducción.

En definitiva, ha recordado que el objetivo es lograr la neutralidad de la economía en 2050 y buscar una senda que aproveche todas las oportunidades y explique de manera creíble y convincente las propuestas, los instrumentos que permitan alcanzar los objetivos intermedios.

ECONOMÍA CIRCULAR

Además, ha indicado que en el Consejo Asesor también se analiza la actualización de la Estrategia de la Economía Circular de modo que se pueda trabajar «intensamente» en la circularidad de la economía para abandonar el modelo de depredar para fabricar, construir, consumir y tirar y pasar a que los materiales puedan usarse de manera «eficiente», reducir su impacto y buscar la máxima eficiencia.

Así, ha dicho que la Estrategia se ha trabajado con los gobiernos autonómicos, los entes locales, los sectores de actividad industrial y empresarial, sindicatos, organizaciones sectoriales y no gubernamentales y que plantea algunos de los desafíos más importantes en el tiempo que está por venir y que, por tanto, es un «gran acicate para la modernización de la economía». Ribera ha dicho que en el Consejo Asesor el texto entra en una primera lectura de trasposición de algunas directivas pendientes, incluida la de la prohibición de plásticos de un solo uso y, en ese sentido, ha adelantado que «el mínimo denominador común» será el de las comunidades autónomas que han dado el máximo de protección.

Asimismo, en el Consejo se ha abordado algunas cuestiones en materia de residuos peligrosos en aparatos eléctricos y electrónicos que necesitan ser mejorados porque «España todavía está lejos de cumplir los objetivos que en materia de residuos tiene asignados».

«Se trata de cambios profundos a los que quizá no se les había prestado toda la intención que requiere en toda la cadena de valor pero también en la capacidad de mejora de gestión que tenemos por delante y en su efecto positivo sobre la salud, el consumo energético, de materiales y también por tanto en nuestra balanza exterior», ha comentado.

Por otro lado, en el Consejo se ha abordado el inicio de la tercera fase de planificación hidrológica con el inicio del debate público y la recogida de observaciones a los Esquemas de Temas Importantes de cada una de las confederaciones hidrográficas.

Al respecto, ha manifestado que en esta nueva fase se modernizará la Ley de Aguas, que se adaptará a un nuevo esquema de mayor variabilidad en la disponibilidad del recurso.

«Ya no basta con trabajar con escenarios promedios, crecidas promedio, máximas promedio, sino que tenemos que estar preparados para escenarios muy diferentes, de pluviometría, de disponibilidad de recursos por exceso o por defecto periodos más extensos de sequía o periodos concentrados de lluvia que nos arrasan y nos definen procesos de gestión muy grandes», ha afirmado.

En ese sentido, ha dicho que se abordará el agua como «único recurso» y no dividido en categorías de recurso, cada uno con un precio diferente, sino como un bien escaso en el que o se dan las señales adecuadas para maximizar la eficacia o la eficiencia en el uso del recurso hídrico».

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