El Ministerio del Interior ha abierto la puerta a liberar a personas internas en Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) tras analizar «caso por caso» y hacer una «valoración individualizada» de las circunstancias de los recluidos y sus posibilidades de retorno a sus países de origen, según han informado fuentes de este departamento a Europa Press.
Una vez se realice una «valoración individual», se aborden «las causas de cada ingreso» y se analicen «las capacidades de retorno» de cada uno de los internos, se adoptará la decisión acerca de si procede o no el cese del internamiento, tal y como han precisado estas mismas fuentes.
De esta forma, Interior abre la posibilidad a que la liberación se produzca más allá del supuesto contemplado hasta ahora. El director adjunto operativo de la Policía Nacional, José Ángel González, apuntó ayer en rueda de prensa que se liberará a todo interno que, durante la crisis del nuevo coronavirus COVID-19 y el obligatorio confinamiento, supere el máximo de estancia legal en estos centros, fijado por ley en 60 días.
Los CIE son unas instalaciones policiales de carácter no penitenciario diseñadas para poder ejecutar la expulsión del territorio nacional. Si bien, ante la declaración del Estado de Alarma por la crisis del COVID-19 y ante las restricciones impuestas por terceros países a personas procedentes de España, varias asociaciones y ONG han exigido la puesta en libertad de los internos ante la «imposibilidad» que se pueda ejecutar su deportación.
Hasta el momento, más de un centenar de países prohíben la entrada de españoles o han suspendido las conexiones con España con motivo de la epidemia de coronavirus para evitar su propagación, según el último balance del Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación. Entre estos países están Marruecos, Guinea y Argelia, de los que proceden la mayor parte de las personas que llegan a España de manera irregular, de acuerdo a datos de ACNUR a fecha 31 de diciembre de 2019.
Entre las organizaciones que han pedido la libertad de los internos en CIE por no ser posible su expulsión durante esta crisis sanitaria está la campaña ‘CIES No’, el Servicio Jesuito a Migrantes y la Asociación de Abogados de Extranjería, que presentó una queja ante el Defensor del Pueblo.
Desde esta institución también han defendido esta tesis, ya que sostiene que todas las personas internas en alguno de los siete Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) que operan en España «deben ser puestas en libertad» debido a que las circunstancias actuales «impiden» que se pueda materializar la devolución o expulsión de los migrantes a sus países de origen.
Las organizaciones en defensa de los derechos de las personas migrantes también reclaman que se paralicen todos los internamientos en los CIE al no poderse dar cumplimiento a las deportaciones. Al respecto, fuentes de Interior han apuntado a Europa Press que no hay ninguna orden general para que cesen los reclutamientos.