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martes, 19 marzo 2024
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Empresarios de la Dependencia: «Los protocolos de las residencias responden a estándares de calidad»

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El presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia (FED), Ignacio Fernández-Cid, asegura que los protocolos de actuación existentes en las residencias de mayores «responden a estándares de calidad».

Así lo explica Fernández-Cid en una entrevista concedida a Europa Press, en el marco de la crisis devenida por la expansión del coronavirus, que ha afectado especialmente a las residencias de ancianos, que contabilizan miles de muertes desde que inició la pandemia del COVID-19.

En este contexto, Ignacio Fernández-Cid detalla que «en la práctica totalidad» de las residencias de mayores existen protocolos de actuación «ante diferentes rutinas o eventualidades más factibles, entre ellas enfermedades de los residentes» de los centros.

Así, aclara que «no son idénticos, pero sí responden a estándares de calidad» como pueden ser la norma ISO 9001, la AENOR UNE 158000, el modelo EFQM, etc., de los cuales se obtiene una certificación tras una auditoría que supervisa el cumplimiento de tales estándares.

«Dicho de otra forma, la planificación, validez y ejecución de los protocolos están sujetos a unas reglas, pero se individualiza y adapta de forma ajustada a las distintas residencias», señala el presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia.

UN EVENTO «IMPREVISIBLE E INESPERADO»

De esta forma, apunta que se trata de protocolos que realizan las residencias de mayores «ante las contingencias más posibles, nunca frente a un evento imprevisible e inesperado como una pandemia causada un patógeno tan virulento» como el COVID-19 que, a su juicio, ha logrado «desarmar al primer envite los propios planes y protocolos de actuaciones de distintos gobiernos en muchas naciones».

En este contexto, comenta que as administraciones públicas ha ido divulgando procedimientos de actuación, a modo de ‘guías de actuación, de prevención o de control’ frente al COVID-19 en residencias.

«No serían estrictamente protocolos, dado que por naturaleza el protocolo debería ser algo preventivo, a modo de plan de actuación ante una futura contingencia, y no reactivo, que es lo que tenemos como herramienta con esas guías. Y es lógico, nadie puede prevenirse frente a lo desconocido», declara el presidente de la FED.

Preguntado sobre si la FED sería partidaria de homogeneizar los criterios de actuación y tener un único protocolo de obligado cumplimiento para todos los centros, opina que los sistemas actuales de protocolización, sometidos al marco de las normas y estándares de calidad aprobados, debidamente auditados para obtener la certificación y con margen para adaptarse a la individualidad o casuística de cada residencia son óptimos para el catálogo de eventualidades previsibles, al cual se incorporará desde ahora como un elemento más el COVID-19 o cualquier patógeno similar.

No obstante, considera que sería «muy positivo» que la Administración Pública «se implicase e incluso interviniese normativamente en el desarrollo u orientación de estos protocolos».

«Es irrenunciable articular protocolos que contemplen y aseguren que las residencias tengan la capacidad de acceder a medios de prediagnóstico (los famosos test), a dotaciones de protección para el personal, a medicación para los residentes y a pautas de actuación con empleados, residentes y familiares que prioricen la salud», defiende.

Otro punto «trasversal» a todos ellos es, según afirma Fernández-Cid, que «se confeccionen canales efectivos» de comunicación e información entre los centros residenciales y las autoridades o administraciones públicas.

LOCALIZACIÓN Y DIMENSIÓN DE RESIDENCIAS AFECTADAS

Ante el hecho de que haya residencias sin ningún contagio por COVID-19 entre sus usuarios y otras, en cambio, con centenares de infectados entre residentes y trabajadores de los centros, Fernández-Cid cree que, en general, la principal explicación es «la incuestionable correlación entre las residencias más afectadas con la zona geográfica o localización en las que se ubican».

En segundo lugar, el presidente de la FED apunta a la dimensión de las residencias. «Es muy comprensible que las que tienen más plazas se vean más afectadas, no sólo por cuestión estadística, sino porque el tránsito de posibles transmisores (proveedores, profesionales, familiares, conocidos,etc.) fue, en su momento, mucho mayor», destaca.

Asimismo, el presidente de la FED señala a «la facilidad con que unas y otras han podido acceder a esos puntos irrenunciables»: capacidad de comunicación e información, test, EPIS, medicación y capacidad de dictar pautas de contención y restricciones.

En algún caso, los trabajadores de la residencia llevan confinados con los residentes desde que estalló la crisis. Sobre si cree que ha sido una medida acertada para evitar el contagio, afirma que este extremo concreto «no es algo que pueda ponerse en marcha sólo con el deseo de la residencia y obviamente necesita el consenso y el compromiso de los profesionales e incluso de sus familiares».

Respecto a si se podría imponer a todos los trabajadores de los centros esta medida en un futuro protocolo de actuación, cree que «debería al menos catalizarse, para coyunturas como la que atravesamos ahora con el COVID-19, dicha posibilidad».

«Debo animar al diálogo y concertación social en este sentido porque seguro que tienen, en todo esto, mucho que decir y acordar de cara al futuro. Todos estamos aprendiendo mucho y debemos ponerlo en valor», manifiesta Fernández-Cid.

IMPEDIMENTOS PARA INGRESOS HOSPITALARIOS

Sobre el balance que hace la FED de la gestión pública y privada de la crisis del coronavirus en las residencias españolas hasta la fecha, su presidente es tajante. «Francamente, muy mejorable. Han pasado ya cuatro semanas desde el inicio de la pandemia y siguen sin llegar los famosos tests, los EPIs; nos ponen impedimentos para los ingresos hospitalarios y no nos llega medicación suficiente para enfrentarnos al virus», detalla.

«Las Administraciones Públicas nos inundan con exigencias de datos, criterios cambiantes, inspecciones continuas de servicios sociales, sanidad, protección civil, UME, policía municipal, Guardia Civil y Guardia Real en algunos casos; y petición de datos que nos obligan a una carga administrativa abrumadora pero, finalmente, no se atienden nuestros requerimientos y necesidades», denuncia.

Considera que «lo más frustrante es comprobar» que no se dispone de «un Plan dirigido» y asegura que «lo mejor será hacer un balance cuando todo esto acabe», se tome «buena nota» de lo que se puede mejorar y se reflexione sobre las actuaciones y las consecuencias.

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