La Federación Plataforma Trans y más de 70 entidades de apoyo al colectivo han pedido al Ministerio de Igualdad más recursos para proteger a las personas trans más vulnerables durante el Estado de Alarma decretado por la crisis del coronavirus.
La plataforma ha enviado este viernes, 3 de abril, una carta a la ministra de Igualdad, Irene Montero, suscrita por 70 entidades de apoyo a personas trans, familias de menores trans, LGTBIlgtbi, de personas migrantes y de defensa de los derechos humanos.
En dicha misiva se expresa la preocupación de todas las entidades por la pandemia del COVID-19 y sus consecuencias sociales y económicas. También se reconoce y felicita la labor que el Gobierno coordinado por los distintos ministerios está desarrollando con medidas sanitarias y sociales de gran calado, para paliar esta grave situación.
«Celebramos las propuestas dirigidas a los sectores sociales más vulnerables, familias con recursos limitados o sin ellos, autónomos, empleadas de hogar, víctimas de violencia de género y personas sin hogar», apunta la plataforma.
Asimismo, recuerda la ministra «la importancia de tener en cuenta a las personas que ya de por si viven en los márgenes sociales, como son las personas trans». Entre ellas, «las que peor situación están viviendo son las personas mayores, migrantes y todas las que se ven abocadas a ejercer la prostitución para subsistir, viéndose agravada su situación por un lado al dormir en los pisos donde ejercían y de los que están siendo expulsadas y por otro, al no tener regulada su residencia en España», según incide, remarcado que «la gran lacra que golpea a todo el colectivo trans, la exclusión laboral, que afecta a más del 80%».
«Estas personas se están encontrando con un gran problema habitacional de no poder hacer frente a los alquileres y no contar con recursos para comer», asevera. En este contexto, piden «amparo» y solicitan del Ministerio de Igualdad «que se tenga en cuenta a esta población en los planes sociales y se dote de recursos a los ayuntamientos a través de los Servicios Sociales».
Esto, según apostilla, permitirá «hacer frente a los alquileres, dotar de espacio habitacional a quien se encuentre en la calle, una renta básica que garantice la subsistencia y la regulación de los permisos de residencia de las personas migrantes como ya ha hecho Portugal en las medidas que ha implementado para paliar esta crisis».