AEAFA quiere reunirse con el Gobierno y con los grupos parlamentarios para modificar el proyecto de ley.
La Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA) considera «alentador» el proyecto de Ley orgánica de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia, pero lo ve «insuficiente». Asimismo, ha lamentado que el Gobierno «suprimiera en el último momento» la creación de una Jurisdicción de Familia para atender a 600.000 menores afectados por las crisis familiares.
Para la AEAFA, el texto aprobado recientemente en Consejo de Ministros y cuya tramitación parlamentaria da comienzo ahora, «supone un gran paso las medidas que refuerzan las actuaciones de sensibilización, detección precoz y prevención con planes y programas públicos dirigidos a la erradicación de la violencia sobre la infancia y la adolescencia».
Asimismo, ha aplaudido la introducción del deber de comunicar cualquier situación de violencia sobre niñas, niños o adolescentes a la autoridad competente aun cuando no sea constitutiva de delito. También ha celebrado la imposición de la pena de privación de la patria potestad a los penados por homicidio por asesinato cuando el autor y la víctima tuvieran en común un hijo o una hija, y cuando la víctima fuera hijo o hija del autor.
Sin embargo, desde la AEAFA han lamentado que el proyecto de ley haya suprimido del texto inicial los párrafos donde se preveía la creación de una jurisdicción propia en Infancia, Familia y Capacidad independiente de la Civil para garantizar la atención adecuada, eficaz e igualitaria de la ciudadanía.
Por este motivo, la asociación ha avanzado que tiene previsto mantener reuniones con el Gobierno y los grupos políticos presentes en el Congreso para llevar a cabo las modificaciones necesarias durante la tramitación parlamentaria de la futura ley.
AEAFA han destacado que en España más de un millón de personas acuden anualmente a los juzgados con motivo de su crisis familiar y más de 600.000 menores padecen cada año por el conflicto de sus progenitores con la «elevada carga emocional» que esto conlleva. En este sentido, han recordado que el Observatorio del Derecho de Familia AEAFA indica que el 97% de los divorcios contenciosos con hijos tiene un alto nivel de conflictividad.
Desde la asociación han lamentado que el proyecto de ley haga «una mención somera a la especialización de determinados órganos jurisdiccionales», y no aluda a la creación de la jurisdicción especializada. Para AEAFA, esta decisión «es un parche insuficiente que no resuelve los colapsos, la inseguridad jurídica y la discriminación por territorio que sufren la ciudadanía cuando afronta una crisis familiar».
«Solo una jurisdicción de Familia, como ocurre en la Civil, la Penal, la Contencioso- Administrativa y la Social, resuelve la carencia de medios técnicos y materiales y los retrasos de los procedimientos actuales», ha afirmado la presidenta de AEAFA, María Dolores Lozano, que sostiene que dolo mediante una jurisdicción de Familia «se mejora la cantidad y calidad de las resoluciones judiciales gracias a la capacitación de jueces y magistrados».
«Mejorar la protección de los derechos de los menores y en general de las personas vulnerables, ya por su edad o por una discapacidad, no se consigue solo con un aumento significativo de los órganos judiciales y una nueva organización territorial, sino también con un correlativo aumento de las oficinas judiciales, de medios personales y materiales y con una estructura auxiliar del órgano judicial adecuada», ha destacado Lozano.
DENUNCIA EL «CAMBIO EN EL ÚLTIMO MOMENTO»
Desde AEAFA han lamentado que el Gobierno haya cambiado «en el último momento» el texto del anteproyecto. Tal y como han apuntalado, en la redacción inicial se preveía la creación de una jurisdicción de Infancia, Familia y Capacidad propia e independiente» para «garantizar la atención adecuada, eficaz e igualitaria a muchas situaciones en las que se ven afectados los derechos fundamentales de carácter personal de un gran sector de la población».
«La AEAFA considera que la especialización de los operadores jurídicos (abogados, fiscales, jueces y equipos técnicos), juzgados y tribunales garantiza la seguridad jurídica y la celeridad en la resolución de los asuntos», ha insistido la asociación.
Además, Lozano ha subrayado que permitiría «una atención adecuada, eficaz e igualitaria para todos los ciudadanos, sin discriminación territorial alguna y con profesionales especialmente preparados en la materia».
Esta asociación lidera desde hace más dos décadas la reivindicación de la creación de la Jurisdicción de Familia, Infancia y Capacidad independiente de la jurisdicción civil. «El actual sistema de Justicia no garantiza ni cumple el principio de igualdad del ciudadano ante la ley. La razón estriba en que sólo los grandes núcleos urbanos disponen de juzgados de Familia con profesionales supuestamente formados y, a priori, medios adecuados», ha apuntado.
Esta situación, según ha denunciado Lozano, «genera un agravio territorial comparativo, respuestas jurisdiccionales dispares, inseguridad jurídica y dilación en la tramitación de los procesos que en muchas ocasiones derivan en situaciones de violencia de género, doméstica y filio-parental».
«Es imperiosa la adaptación de la planta judicial a la nueva realidad de la sociedad del siglo XXI. El servicio público ha de responder a los principios de especialidad y de proximidad», ha reivindicado.