La directora general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Estrella Galán, ha asegurado el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) por el coronavirus «ha demostrado que existen alternativas posibles a la privación de libertad de personas que no han cometido ningún delito y solo una falta administrativa».
Así lo ha manifestado este viernes Galán durante la presentación del Informe Anual 2020 de CEAR titulado ‘Las personas refugiadas en España y Europa’, publicado con motivo del Día Mundial del Refugiado, que se celebra el 20 de junio.
Respecto a los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta y Melilla, Galán ha mostrado su preocupación porque «no se traslada a las personas de origen marroquí a la Península». «No puede haber discriminación por razones de nacionalidad, etnia o cualquier condición social», ha lamentado.
En este sentido, la directora de CEAR ha criticado que, bajo «otras consideraciones» que hace el Ministerio del Interior, a estas personas «se les impide» el traslado a la Península, lo que provoca una «congestión» de estos centros.
«Se han paralizado los traslados a la Península de forma importante. En Melilla estábamos viendo una sobrecarga exponencial de más de 1.000 personas por encima de la capacidad del CETI, que generaba problemas de convivencia», ha asegurado.
EL INGRESO MÍNIMO PARA SOLICITANTES DE PROTECCIÓN
Por otro lado, Galán ha celebrado la aprobación del ingreso mínimo vital, que supone un «logro histórico», un «derecho subjetivo» de las personas y «complementario» a otro tipo de prestaciones.
Sin embargo, CEAR no comparte que la nueva renta no haya recogido como beneficiarias a las personas solicitantes de protección internacional. «Solicitamos que se incorpore esta salvedad en el desarrollo reglamentario que está pendiente de realizarse», ha pedido Galán.
Por último, Galán ha dicho que las pruebas PCR en las llegadas de migrantes a costa es una medida «necesaria y muy positiva» para garantizar que la pandemia «no sea extendible». «En función de cómo se haga el tratamiento de esa información, pueden criminilizar a esas personas como posibles transmisores, cuando el porcentaje de las que vienen contagiados es ínfimo», ha dicho.