El Grupo Parlamentario Popular ha propuesto al Gobierno, con una proposición no de ley en el Congreso, la elaboración de un protocolo sanitario acompañado de un programa de ayudas a las universidades para mantener las clases presenciales en la planificación del próximo curso 2020-2021.
En concreto, el PP propone un protocolo sanitario que establezca las bases para la adopción de medidas en materia de seguridad sanitaria y riesgos en las universidades para el curso 2020-21.
Este protocolo deberá ir acompañado de un programa de ayudas para el acopio de materiales necesarios, realización de instalaciones acomodadas a las medidas de prevención sanitaria para la realización de las actividades universitarias (gestión, formación, investigación, actividades culturales, sociales y de voluntariado) para reforzar los instrumentos que les permita mantener su carácter de presenciales.
La iniciativa también pide un programa transitorio para afrontar las necesidades de las universidades, en un escenario de prevención a la pandemia y de recuperación post pandemia, de contratación de profesorado y de prórroga de sus contratos cuya extinción deba producirse en esa etapa, para garantizar las actividades presenciales que precisarán de condiciones que obligan a reducción de estudiantes por grupos y a la ampliación del número en la planificación docente de los grupos.
En la misma línea, los populares demandan una convocatoria extraordinaria de ayudas para reforzar las herramientas tecnológicas que permitan a las universidades mejorar su respuesta en formación virtual, tanto en formación continuada de los docentes, como para la docencia ordinaria como herramientas complementarias de la docencia presencial o, en su caso, para su transformación en docencia virtual prioritaria si las condiciones sanitarias lo exigieran.
El protocolo del PP también establece una línea de ayudas para estudiantes con dificultades para adquirir hardware óptimo para el seguimiento de la docencia virtual o para sostener los gastos derivados de las conexiones con las operadoras, contribuyendo a eliminar parte de la brecha digital que perjudica en las actuales circunstancias a los más vulnerables.
Por último, la iniciativa exige acciones «inmediatas» que agilicen la superación de la brecha digital vinculada al territorio, permitiendo mejorar las condiciones de conectividad de aquellas zonas con dificultades en la actualidad para contar con conexiones rápidas a internet.