Unidas Podemos quiere que el Gobierno acelere la creación y regulación de la nueva Autoridad de Protección del Cliente Financiero y que este mismo año presente un anteproyecto de ley con esta nueva institución.
Así consta en la proposición no de ley, a la que ha tenido acceso Europa Press, registrada por su portavoz económico en el Congreso, Txema Guijarro. En esta iniciativa, el grupo confederal quiere dar un plazo máximo de seis meses al Gobierno para preparar y presentar un anteproyecto de ley.
En la iniciativa, Guijarro recuerda cómo la creación de una autoridad independiente de resolución alternativa de litigios se contemplaba por ley desde 2017, con la previsión de que estuviera en marcha antes de agosto de 2018.
Pero es que, además, para el diputado de Unidas Podemos la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el índice de referencia de préstamos hipotecarios (IRPH), demuestra «la urgente necesidad de la creación de una autoridad independiente de resolución alternativa de litigios», y así evitar el colapso de los tribunales.
Por otro lado, señala que esta instancia beneficiaría a los ciudadanos que no pueden permitirse la vía de los juzgados para realizar este tipo de reclamaciones, una de las reclamaciones del propio Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, apunta Guijarro.
ESCASO CONOCIMIENTO FINANCIERO
En su exposición de motivos, el grupo confederal destaca cómo únicamente el 18% de las personas que contestaron la última Encuesta de Competencias Financieras –realizada conjuntamente por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Banco de España en colaboración con el Instituto Nacional de Estadística– contesta correctamente las tres preguntas que evalúan el conocimiento financiero. Un porcentaje menor incluso en el caso de las mujeres (11 % frente al 23 % de hombres), y que aumenta con el nivel educativo. Además, casi la mitad de la población (46%) percibe que sus conocimientos son ‘bajos’ o ‘muy bajos’, y otro 46% dice que son ‘medios’.
Para Unidas Podemos, este «escaso» conocimiento financiero, junto con una «falta de control» y «mala praxis» por parte de instituciones financieras, como la falta de transparencia y de información en la comercialización de productos financieros complejos, genera situaciones de desprotección que conllevan, en determinados casos, a la reclamación y denuncia ante los organismos correspondientes. Como ejemplos, apunta Guijarro, la venta de participaciones preferentes o las cláusulas suelo.
Según los últimos datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial, en el cuarto trimestre del año 2019, se encontraban tramitándose 244.036 casos correspondientes a acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias, cuyo prestatario sea una persona física (cláusulas suelo, vencimiento anticipado, intereses moratorios, gastos de formalización de hipoteca o hipotecas multidivisa).