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viernes, 29 marzo 2024
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La esterilización forzosa es una especial discriminación de género contra las mujeres con discapacidad, según el sector

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COCEMFE y CEMUDIS lanzan una guía para visibilizar la situación actual de mujeres y niñas con discapacidad.

La esterilización forzosa de mujeres con discapacidad es un ejemplo de la especial discriminación de género que sufre el colectivo, a la hora de, por ejemplo, formar libremente una pareja o ejercer de manera libre e informada su maternidad.

Así lo pone de manifiesto el ‘Manual Básico sobre género y discapacidad’ lanzado por la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) y la Confederación Estatal de Mujeres con Discapacidad (CEMUDIS) con la colaboración han elaborado, con la colaboración del Instituto de la Mujer, el ‘Manual básico sobre género y discapacidad’, con el que pretenden visibilizar la situación actual de las mujeres y niñas con discapacidad.

«En nuestro país aún siguen perpetrándose esterilizaciones forzadas a muchas mujeres del colectivo de la discapacidad», alerta esta guía. Concretamente, Marta Valencia, secretaria de la Mujer e Igualdad COCEMFE, señala que esta es una lucha particular de las mujeres con discapacidad, pero no debe entenderse como una separación de la lucha feminista en general, pues sin el enfoque feminista de género el análisis perdería contenido político.

DISCAPACIDAD QUE «ECLIPSA» DISCRIMINACIÓN DE GÉNERO

Así, la guía subraya que la variable de discapacidad puede llegar a eclipsar la discriminación sufrida por las mujeres con discapacidad por el hecho de ser mujeres, invisibilizando una situación de mayor vulnerabilidad y alerta de que esta discriminación no es consecuencia de la suma de ambos factores sino de su «efecto multiplicador».

Por ello, recomienda que las políticas públicas tengan en cuenta a las mujeres con discapacidad de acuerdo a su discriminación interseccional y su efecto multiplicador de exclusión, y no simplemente teniendo en cuenta la discapacidad o el hecho de ser mujer como factores aislados y no relacionados entre sí.

Con carácter general, el trabajo parte de la premisa de que, en la actualidad, siguen existiendo «grandes lagunas que impiden la obtención de datos y la elaboración de análisis adecuados para dar respuesta a las múltiples discriminaciones que muchas mujeres y niñas con discapacidad viven aún en su realidad cotidiana». Al mismo tiempo, avisa de que esto da lugar a que no se ejerzan acciones legales para combatirlos debido a la invisibilidad, a las nociones estereotipadas y erróneas, o a la falta de reconocimiento de sus derechos y libertades.

PERFIL DE LA MUJER CON DISCAPACIDAD

Aunque no hay un perfil homogéneo de las mujeres con discapacidad, la información estadística aportada establece que el perfil más común es el de mujeres de más de 65 años, con una discapacidad física con un grado de entre el 33% y el 65% y que vive en entornos rurales. Pero, según el documento, la producción científica y los estudios sobre la situación de las mujeres y niñas con discapacidad en el medio rural son escasos y poco visibles.

En este sentido, también lamenta que, a pesar de los avances en normativas y políticas públicas, el modelo de desarrollo de servicios públicos avanza sin atender a las características propias de esta población en estos entornos, con mayores dificultades de accesibilidad con respecto al medio urbano. «La merma en la oferta de servicios públicos en el entorno rural implica un déficit general en infraestructura civil y de transportes, al igual que en la cobertura de los servicios sociales, de salud, culturales o un menor acceso a las TIC», añade.

POBREZA Y VIOLENCIA

Además, la guía recuerda que las barreras en el acceso al empleo, en el acceso a bienes y servicios específicos, o los índices de violencia de género, influyen en el nivel de pobreza de las mujeres con discapacidad.

De hecho, según señala, casi tres de cada cuatro personas con discapacidad bajo el umbral de pobreza extrema son mujeres. Y, además, éstas reciben proporcionalmente menos prestaciones que los hombres con discapacidad, con pensiones contributivas y salarios más bajos.

Junto con ello, tienen cuatro veces más riesgo que el resto de que se ejerza algún tipo de violencia sobre ellas y el porcentaje de secuelas físicas de violencia es tres veces superior, aunque se les otorga menos credibilidad en el relato.

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