Facebook

ONG impugnan ante el Supremo la concesión de 30 millones del Fondo de Contingencia a Marruecos para control migratorio

Las organizaciones de derechos humanos Access Info Europe y Andalucía Acoge, bajo la dirección jurídica de Gentium, y con el apoyo de Profundo, han presentado esta semana sus argumentos en una demanda ante el Tribunal Supremo, solicitando que se anule el Acuerdo del Consejo de Ministros del día 19 de julio de 2019, en el que el Gobierno autorizó la concesión de 30 millones de euros del Fondo de Contingencia de Ejecución Presupuestaria para sufragar parte de los gastos de las autoridades marroquíes en sus labores de control del flujo migratorio hacia España.

El objetivo de la demanda es «impugnar el uso indebido» del Fondo de Contingencia, cuya utilización, según precisan las ONG, «está reservada para dar respuesta a necesidades urgentes, imprevisibles e inaplazables, propias de situaciones excepcionales». Por ejemplo, señalan que en marzo de 2020 se han gastado más de 1.000 millones de euros del Fondo de Contingencia para ayudar en la lucha contra el coronavirus.

En la demanda, las organizaciones argumentan que la autorización del uso del fondo de contingencia «no puede justificarse bajo el pretexto de nueva crisis migratoria», tal y como defiende la Secretaría de Estado de Seguridad en la memoria del expediente.

Según precisan las ONG, «los propios datos del Ministerio del Interior de 2018 muestran que hubo un mayor número de movimientos migratorios en la frontera hispano-marroquí que en 2019, sin que fuese necesaria incluir una financiación extraordinaria en las partidas presupuestarias».

Las entidades, que llevan más de un año trabajando en esta demanda, presentaron el escrito de interposición del recurso el 18 de octubre de 2019, que fue admitido por el Tribunal Supremo en noviembre. Después de varias etapas procesales y unos retrasos causados por el estado de alarma, las organizaciones han podido presentar sus argumentos en detalle en el escrito de la demanda.

RESPETAR LOS DERECHOS HUMANOS

En ella explican que sus motivos para el litigio son, por un lado, «asegurar que cualquier financiación de un país a otro en materia migratoria tome en cuenta los debidos criterios para respetar los derechos humanos», y por otro, que se asegure la «plena transparencia» sobre los acuerdos celebrados con otros países, incluidos los acuerdos de cooperación policial internacional.

«Es indispensable garantizar la transparencia en la toma de decisiones sobre el gasto de dinero público, del dinero del contribuyente. Una transparencia tal es especialmente importante cuando el uso del dinero pueda tener un impacto directo sobre personas en situaciones vulnerables», ha explicado la directora ejecutiva de Access Info, Helen Darbishire.

En este caso, consideran que la rendición de cuentas al público es «especialmente importante» porque los fondos solicitados por la Secretaría de Estado de Seguridad del Gobierno de España estaban destinados a cubrir operaciones de las autoridades marroquíes, «que en varias ocasiones han sido denunciadas por los abusos cometidos contra las personas migrantes».

En esta línea, las organizaciones han pedido al actual Gobierno que no base sus políticas fronterizas migratorias en «la externalización de fronteras» y se asegure de que la acción de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado siempre se realice «garantizando los derechos humanos». Tras la interposición de esta demanda, iniciarán una ronda de contactos con los grupos parlamentarios para exponer sus argumentos.*

«Como entidad social nos parece fundamental que el dinero público se invierta en las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas en cualquier parte del mundo. No para financiar a terceros países en la externalización de las fronteras de la UE, permitiendo el recorte y la violación de los derechos humanos», ha comentado el secretario general de la Federación Andalucía Acoge, José Miguel Morales.