La ministra de Igualdad alerta: «Si alguien cree que puede actuar así tenemos un problema democrático en este país».
La delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha calificado de «falsas» las acusaciones formuladas por su exempleada del hogar sobre pagos realizados con dinero negro. «Esto no es una demanda laboral, es un chantaje», ha zanjado en una entrevista en laSexta recogida por Europa Press.
«Esto es absolutamente falso» ha afirmado Rosell al ser preguntada al respecto. «Siempre tuvo contrato y alta en la Seguridad Social desde el primer día y eso está en los documentos», ha afirmado. «Yo no soy la empleadora, el empleador es mi pareja, Carlos. Yo por lo tanto no la he despedido, de hecho nadie la ha despedido, ha sido un desestimiento», ha detallado.
«Ha estado contratada durante el Estado de Alarma (…) y no le suspendimos el contrato, estuvo cobrando el 100% sin venir a trabajar porque nos pareció lo más adecuado para la salud de ella, de su familia y de la nuestra. Ha estado de marzo a junio cobrando el 100% de su contrato, no le hemos suspendido el contrato; ella sabía que buscábamos otra persona y desgraciadamente hay gente que la está utilizando no para una demanda laboral sino para un chantaje», ha relatado.
«La justicia no se puede usar para esto y los medios tampoco», ha proseguido. «Espero que a nadie le pase esto, que habiendo sido todo legal, habiendo tenido todos los documentos y habiendo sido enormemente generosa con esta persona que dice que es inmigrante y que ahora tiene DNI español gracias a este contrato legal», ha apostillado.
«Creo que es muy injusto que por ser una figura del Gobierno o pretender hacer daño a las fuerzas políticas progresistas –ha indicado–. Si no soy la empleadora, ni la he despedido, ni le debo un euro, ni jamás la he contratado en negro… ¿qué pinto en esta demanda? Porque esto es una extorsión».
En la misma línea se ha expresado la ministra de Igualdad Irene Montero al ser preguntada al respecto, insistiendo en que se trata de «una fabricación de pruebas falsas». Montero ha recordado que su día Rosell sufrió una situación parecida que terminó con una pena de 6 años y medio de prisión del magistrado Salvador Alba, por confabular contra la también juez y diputada de Unidas Podemos, por delitos de prevaricación judicial en concurso con cohecho y falsedad en documento público.
«La fabricación de pruebas falsas, los montajes judiciales… esto daña gravamente la democracia. El problema es el daño que eso hace, si alguien cree que puede actuar así tenemos un problema democrático en este país», ha afirmado la ministra en declaraciones a los medios al ser preguntada por esta cuestión.
COVID-19 Y VIOLENCIA DE GÉNERO
Por otro lado, Rosell también ha abordado la situación de la violencia de género en España y ha pedido «que el triaje de la Covid-19 no deje atrás el cribado de la violencia de género que se hace en los centros de salud, donde se detecta muchísima más violencia que en los juzgados si se hace bien».
Preguntada sobre los efectos de la Covid-19 en las víctimas de violencia de género, ha lamentado que confinamiento domiciliario, «que era una solución para frenar la pandemia, sin embargo era una ratonera y un riesgo mayor» para este colectivo.
Rosell también ha señalado que desde el inicio de la pandemia ha habido una «colaboración espectacular con las comunidades autónomas» para frenar la violencia de género y ha hecho hincapié en que, «en tiempos de pandemia, la vecindad ha sido esencial».
Hasta la fecha en España han sido asesinadas 29 mujeres y dos menores, una cifra menor al mismo periodo del año pasado aunque Rosell ha advertido que el WhatsApp de apoyo psicológico y el 016 online «creció exponencialmente un 400 por cien» en este tiempo.
Por ello, ha insistido en la importancia de «actuar cuanto antes» porque es «una lucha de toda la sociedad, no sólo de la policía y la judicatura, que actúan cuando ya se ha cometido el delito».
Por último, sobre la situación de las trabajadoras en prostíbulos –cuya petición de cierre está siendo promovida por el Ministerio de Igualdad a fin de contribuir a frenar la expansión de la pandemia– ha hecho un llamamiento a la «autocrítica» y ha indicado que «las medidas de protección no habían existido» pero que existen alternativas.