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El Gobierno prepara una Ley de Trata en medio del debate del feminismo sobre el abolir o regular la prostitución

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El 23 de septiembre se celebra el Día de la Lucha contra la Explotación Sexual.

El Gobierno prepara una Ley contra la Trata con fines de explotación sexual que deberá redactar en pleno debate entre diferentes sectores del feminismo: el que defiende el abolicionismo de la prostitución y aquel que propone regularla.

En diciembre de 2019 el nuevo Ejecutivo de coalición PSOE-Unidas Podemos firmaba un acuerdo de gobernanza entre cuyos objetivos está erradicar esta práctica, aunque no concreta si la intención es abolir la prostitución, como defiende la Ministra de Igualdad, Irene Montero, o tomar medidas para sancionar a los clientes, como propone el PSOE.

En el mes de febrero, antes de la pandemia, la ministra de Igualdad, Irene Montero, explicó en el Congreso que su departamento iniciaría los trabajos para tener una ley integral sobre esta materia y, este mismo mes, fuentes del Ejecutivo explicaban que la Ley de Libertades Sexuales que también prepara Igualdad, incluiría medidas contra la explotación.

El objetivo, aseguraron estas fuentes a Europa Press, es «impedir que la industria continúe lucrándose con la explotación sexual de mujeres y que este tipo de violencia deje de ser un negocio en España». Su intención, es poner en marcha un ‘Plan Nacional Integral, social, laboral y económico’ para «garantizar los derechos sociales, laborales y económicos» de las víctimas «a través de un acompañamiento integral e individualizado».

UNA «VIOLACIÓN PREVIO PAGO»

Sin embargo, varios colectivos feministas han criticado la norma de Montero porque no incluye la prostitución y ha hecho visible las diferencias que existen en el movimiento sobre este tema.

La presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas, Ana María Pérez del Campo, califica la ley de «retroceso», por no incluir una «violencia» como la explotación sexual y la portavoz de la Asociación de Mujeres Violadas, Tina Alarcón, ha señalado que el Ministerio «deberían asumir todos los planteamientos del feminismo», olvidándose de «ideologías», en este sentido.

El Movimiento Feminista de Madrid hizo público un comunicado recordándole a Irene Montero que la prostitución es una «las mayores expresiones de violencia sexual», ya que la consideran una «violación previo pago» y lamentaron que no se incluyera en el texto.

La propia ministra se ha referido a esta diferencia de opiniones señalando que, aunque ella es abolicionista, respeta «a las mujeres feministas que no lo son» y que no piensan como ella. «Todas estamos de acuerdo en que contra la explotación sexual hay que luchar de forma decidida», ha indicado.

CIERRE DE LOCALES EN PANDEMIA

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, se refirió también a esta polémica apuntando que, aunque en la Ley de libertades sexuales «hay medidas de prevención», el Ministerio de Igualdad va «a por una ley integral» en este tema.

La situación de la prostitución en España ha generado también polémica durante la pandemia.

En agosto, Montero remitió una carta a las comunidades autónomas para que colaboraran con el cierre de los prostíbulos y lugares de alterne, en línea con las restricciones establecidas a bares, discotecas y locales de ocio.

«Que no demos tregua a la explotación sexual, que no demos tregua a esa industria proxeneta que siempre permanece en la impunidad y en la absoluta opacidad. Se habla mucho de los derechos de las mujeres en contexto de prostitución pero no de las cifras de negocio», decía la misiva.

A esta petición el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, respondía que «en España la prostitución no está regulada, es ilegal o alegal», por lo que «no puede prohibirse lo que no existe». Aún así, varias autonomías obligaron al cierre de estos locales en lo días siguientes a que se hiciera pública la carta.

Esta situación generó las quejas de las trabajadoras sexuales que aseguraron que «nadie» se ha acordado de ellas en la crisis sanitaria generada por el Covid19. El Ministerio se defiende de estas acusaciones recordando que el plan de contingencia contra la violencia de género ante la pandemia incluye a las víctimas de trata y explotación sexual como beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital (IMV).