Se eleva a mil millones el límite máximo de transferencias al sistema eléctrico de las subastas de derechos de emisión de CO2
. El Gobierno ha eximido temporalmente, durante un plazo de 14 meses, a los titulares de los dos gasoductos que unen yacimientos de gas natural de Argelia con España del cumplimiento de las condiciones relativas a la separación de propiedad de las actividades de transporte y comercialización, así como del acceso regulado y no discriminatorio a sus instalaciones exigido en la Ley de Hidrocarburos.
Así consta en el Real Decreto-Ley de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial aprobado el martes por el Consejo de Ministros, que incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2019/692 del Parlamento Europeo que modifica una anterior sobre normas comunes para el mercado interior de gas natural.
En concreto el gasoducto denominado Medgaz, que discurre por aguas territoriales españolas hasta la terminal de recepción situada en Almería, y el denominado Magreb-Europa, que pasa por Marruecos y desemboca en Tarifa (Cádiz), quedan eximidos de la obligación de separar actividades durante un periodo de 14 meses a contar desde el 24 de mayo de 2020, es decir, hasta finales de julio de 2021.
Las exenciones temporales otorgadas pueden verse extendidas por orden de la titular del Ministerio para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, previa solicitud motivada del titular, que deberá ser presentada con al menos seis meses de antelación a la finalización del periodo de la exención temporal otorgada.
Esta medida tiene por objetivo, según el texto de Real Decreto recogido en el BOE, reducir los obstáculos a la plena realización del mercado interior de gas natural que se derivan de la inaplicabilidad de las normas del mercado de la Unión a los gasoductos de transporte con destino u origen en países no pertenecientes a la Unión Europea.
GESTOR INDEPENDIENTE
Asimismo, se pretende garantizar la posibilidad de que los titulares de gasoductos de interconexión con países no pertenecientes a la UE adopten un modelo que contemple la figura del gestor independiente para la gestión de los mismos.
Además, se regula un procedimiento de negociación entre España con terceros países respecto de las redes de transporte de gas natrual, bajo la supervisión de la Comisión Europea.
El gasoducto Magreb-Europa está controlado por la sociedad Europe-Magreb Pipeline (EMPL) participada por Naturgy y la empresa portuguesa Transgas, además de la marroquí SNPP.
De su lado, el gasoducto Medgaz está participado en un 51% por Sonatrach y en un 49% por Naturgy.
APORTES DE INGRESOS DE CO2 AL SISTEMA ELÉCTRICO
Por otra parte, se incrementa el límite máximo de las transferencias al sistema eléctrico provenientes de los ingresos de las subastas de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, con los límites del 90% de la recaudación total y hasta un máximo de mil millones de euros.
También se incrementa el límite máximo de las transferencias a actuaciones de lucha contra el cambio climático provenientes de los ingresos de las subastas de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, con los límites del 10% de la recaudación total y hasta un máximo de cien millones de euros.
Según el Gobierno, la crisis del Covid-19 sobre la demanda y los precios de la electricidad han provocado una reducción de los ingresos regulados del sistema eléctrico, tanto los provenientes de los peajes de acceso, directamente proporcionales a la potencia contratada y energía consumida, como los vinculados a la recaudación de los tributos, que dependen directamente de la cantidad de electricidad consumida y generada y del valor de dicha energía en el mercado.
Las estimaciones actuales de ingresos y costes regulados requieren adoptar medidas tendentes a minimizar las desviaciones transitorias dentro del ejercicio de 2020, que afectan a la liquidez de los sujetos de liquidación, así como los eventuales desajustes temporales en el cierre de este ejercicio, que provocarían una subida automática de los peajes y cargos.
«Todas estas circunstancias justifican la necesidad de incrementar el límite máximo de las transferencias al sistema eléctrico provenientes de los ingresos de las subastas de derechos de emisión de gases de efecto invernadero», explica.