Quiere crear un fondo tripartito para financiar las prestaciones y la compensación de cotizaciones de trabajadores en ERTE.
El Gobierno quiere generalizar el contrato indefinido, devolver la causalidad a los contratos temporales y simplificar la contratación temporal, según se recoge en las propuestas laborales enviadas a Bruselas.
En concreto, la reforma número tres del texto enviado a Bruselas para «un mercado laboral dinámico, resiliente e inclusivo» apuesta por reducir el exceso de la temporalidad y la dualidad laboral que limitan el aumento de la productividad y el crecimiento potencial y dan lugar a la precariedad laboral.
Por ello, aboga por simplificar y reordenar las modalidades de contratación laboral, generalizando la contratación indefinida. Además de devolver la causalidad al contrato temporal, apuesta por adecuar la regulación de los contratos de formación y prácticas, por revisar la aplicación del contrato fijo-discontinuo y por introducir mecanismos de flexibilidad para las empresas alternativos a la excesiva temporalidad.
PENALIZAR CONTRATOS DE CORTA DURACIÓN
Respecto a este último punto, el documento señala que se penalizará el uso excesivo de contratos de muy corta duración y se atajará el fraude laboral.
La reforma número cinco establece la creación de un modelo permanente de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) como «un instrumento de flexibilidad alternativo al ajuste externo del empleo ante perturbaciones negativas».
Entre las medidas recogidas en esta reforma, se establece un refuerzo de la inversión y formación y la prioridad del uso de esta herramienta frente al despido. Así, apuesta por crear un fondo tripartito para financiar las prestaciones y la compensación de las cotizaciones de los trabajadores en ERTE.
Sobre la modernización de las políticas activas de empleo, recogida también en el plan de reformas enviado, el Ejecutivo quiere que estas se conviertan en «un elemento clave» en la lucha contra el desempleo. Por ello, piensa en mejorar los instrumentos de evaluación de las políticas activas mediante trayectorias individualizadas de orientación, en impulsar la capacitación digital y nuevos nichos de empleo relacionados con la transición verde o en mejorar la coordinación de los servicios públicos de empleo en toda España, «promoviendo ventanillas de empleo para jóvenes y replanteando la Garantía Juvenil para reforzar el seguimiento personalizado».
Por otro lado, el Ejecutivo quiere revisar las subvenciones y bonificaciones a la contratación temporal. Entre las medidas para conseguirlo, se encuentran la simplificación de los incentivos y requisitos a las empresas beneficiaras para centrarse en la empleabilidad de los desempleados y que vayan para contratos indefinidos.
CAMBIOS EN LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA
También se quiere modernizar la negociación colectiva, adaptándola a las necesidades de empresas y sectores para «vertebrar un sistema de relaciones laborales equilibrado a nivel nacional». Entre las medidas, están abordar la ultraactividad de los convenios, la relación entre los convenios sectoriales y de empresa o el refuerzo de la representatividad de las partes negociadoras y la seguridad jurídica en la aplicación del convenio.
Otras de las reformas recogidas en el documento son la modernización de la contratación y subcontratación de las actividades empresariales, evitando que se use la externacionalización de servicios a través de la subcontratación para reducir los estándares laborales de los trabajadores de las empresas subcontratadas, o la ley de los ‘riders’, que podría aprobarse en las próximas semanas.
La modernización y mejora de la gobernanza y recursos del sistema nacional de empleo, la modernización y refuerzo de la formación para el empleo, la estrategia de activación para el empleo 2021-2024 o la reforma de la Ley de Empleo en lo relativo a las políticas activas, así como su gobernanza, también forman parte de la lista de reformas enviada a Bruselas.
La lista la completan el plan 2021-2027 de trabajo digno para los jóvenes, la regulación del trabajo a distancia, que ya se ha puesto en marcha; las medidas para eliminar la brecha de género o la modernización y digitalización del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Por último, el texto recoge que se realizará un seguimiento de las políticas laborales y se analizará el grado de consecución de sus objetivos, según se establece en la reforma 17 del plan de reformas para un mercado laboral «dinámico, resiliente e inclusivo».
LAS REFORMAS SE HARÁN CON DIÁLOGO SOCIAL
Esta semana, la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, dejó claro que todas las reformas que se han mandado a Bruselas para cambiar las patologías del mercado laboral español «se van a hacer con diálogo social».
«Siempre digo que ojalá sea con acuerdo y me gustaría que fuese así, pero soy consciente de que no siempre es así», dijo, tras apuntar que las organizaciones internacionales están saludando al Gobierno de España por su estrategia y despliegue de diálogo social.