La acogida a niños extranjeros no acompañados creció en 2019 un 18% y ya rondan los 11.500.
El número de niños, niñas y adolescentes que crecen en el sistema de protección en España supera, por primera vez, la barrera de los 50.000 y la organización Aldea Infantiles SOS ha advertido del incremento que esta cifra ha sufrido en los últimos años.
Según las cifras del Boletín de Datos Estadísticos de Medidas de Protección a la Infancia, publicado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, en el país hay 50.272 menores de 18 años que crecen privados del cuidado parental, ya sea en acogimiento familiar o residencial.
El dato supone un incremento del 18% con respecto a 2015, cuando se contaban algo más de 42.500 menos tutelados por el Estado. Para la ONG esto supone una «gran preocupación».
El mismo informe, recoge que, por tipo de acogimiento, la modalidad residencial es la que más ha crecido en los últimos años, pasando de 21.283 menores en 2018 a 23.209 en 2019, es decir, ha aumentado un 9%. Esta modalidad mantiene así la tendencia al alza que, según los expertos, mantiene desde 2015, cuando había 13.596 niños en el sistema.
DEBE PRIMAR EL ACOGIMIENTO FAMILIAR
Por el contrario, los acogimientos familiares sufrieron un descenso del 2% en 2019, con respecto al año anterior y si los datos de hace dos años se comparan con los de 2015, la reducción total es del 5%. Entonces eran 20.172 los menores acogidos en familias españoles y en 2019 eran 19.320.
A través de un comunicado, recogido por Europa Press, Aldeas Infantiles SOS recuerdan que estas cifras contrastan con lo estipulado en l Ley del Menor, que señala que, ante la retirada de la tutela de un niño de sus padres, la primera medida de cuidado alternativo recomendada es el acogimiento familiar y, si es posible, con personas que tienen un vínculo de parentesco con el niño.
«Sin embargo, a pesar de que el acogimiento familiar debe primar sobre el residencial, ha sido este último el que ha sufrido un significativo aumento en los últimos años, incrementándose en un 70% desde 2015», denuncia la organización.
Por otra parte, la entidad destaca que el número de menores migrantes no acompañados tutelados por las Administraciones Públicas se ha incrementado un 18,58% en el último año. Para estos niños, la medida de acogimiento habitual es el residencial. De hecho, de los 11.490 niños migrantes que crecen en el sistema de protección, solo 110 lo hacen bajo una medida de acogimiento familiar.
APUESTA POR LA PREVENCIÓN
Ante este aumento en el número de niños en el sistema de protección, Aldeas Infantiles SOS reclama una mayor inversión en las políticas de prevención con el fin de apoyar y fortalecer a las familias vulnerables y evitar así la separación de padres e hijos; y recuerda que 300.000 niños, es decir, 1 de cada 25 están en riesgo de perder el cuidado de sus padres en el país.
«En necesario adoptar medidas que nos permitan llegar a tiempo y evitar que las situaciones de riesgo deriven en desamparo; un mayor esfuerzo preventivo redundaría en el descenso del número de niños y niñas bajo la tutela de las Administraciones Públicas, supondría una reducción del gasto público y evitaría a los niños el trauma de la separación familiar», ha declarado el presidente de la entidad, Pedro Puig.
Desde la organización, según ha explicado, se ofrece un entorno familiar protector a 1.155 menores que han perdido el cuidado de sus padres gracias a sus programas de protección. Cuenta para ello con ocho aldeas infantiles, cinco residencias de jóvenes, ocho programa de apoyo al acogimiento familiar –tanto en familia extensa como ajena–, un programa de primera acogida y valoración, y un programa para niños y niñas migrantes no acompañados.
Puig advierte, además, de que con la mayoría de edad cesan las medidas protectoras, lo que provoca que los jóvenes tutelados tengan que enfrentarse a un proceso de transición a la vida adulta mucho más abrupto que el del resto de sus iguales, situándolos en una clara desventaja.
En este sentido, ha llamado a las administraciones a cumplir con sus obligaciones de proteger a quienes han estado bajo su tutela y piden que esta situación «se extienda más allá de la mayoría de edad» a través de la transformación del sistema de protección.