El Ejecutivo plantea la prórroga automática de todos los ERTE, sin necesidad de nuevas autorizaciones administrativas.
El Gobierno está a la espera de que los agentes sociales den el visto bueno a la última propuesta que presentó en la mesa de negociación para la prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) hasta el 31 de mayo, en la que se contempla la prórroga automática de todos los procedimientos.
CCOO reunirá este martes a su Comisión Ejecutiva a las 9.00 horas para valorar la última propuesta del Gobierno, según han informado fuentes del sindicato. Cepyme, por su parte, ha convocado a su Ejecutiva esta tarde, mientras que CEOE reunirá a su Junta Directiva, donde está previsto que se aborde la prórroga de los ERTE, según informaron fuentes empresariales a Europa Press.
En el caso de UGT, el sindicato ya informó a su Ejecutiva la semana pasada del contenido de la prórroga, que no conllevará cambios de calado respecto a la regulación actual, aunque sí prevé agilizar la tramitación de estos procedimientos, según avanzó la propia ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, hace unos días.
En concreto, la última propuesta del Gobierno plantea la prórroga de todos los ERTE sin necesidad de nuevas autorizaciones administrativas, lo que ahorrará costes de gestión y burocráticos, según fuentes del diálogo social consultadas por Europa Press.
Al mismo tiempo, introduce un mecanismo automático de cambio entre los llamados ERTE de impedimento y de limitación para que se pueda transitar entre ambos tipos de ERTE sin necesidad de autorización administrativa.
Por lo demás, el planteamiento del Gobierno es renovar en bloque todos lo mecanismos actuales de protección de trabajadores y empresas, si bien no se descarta que se sumen nuevos sectores a la categoría de ‘ultraprotegidos’, según las mismas fuentes.
SE MANTIENE LA PROTECCIÓN ACTUAL A EMPRESAS Y TRABAJADORES
Con el visto bueno de las organizaciones sindicales y empresariales a la última propuesta del Gobierno se cerraría así una negociación que, esta vez, no ha llegado al punto límite gracias a que en la prórroga anterior, que finaliza el 31 de enero, se abordaron ya diversas situaciones por las que podrían atravesar las empresas, como limitaciones temporales e impedimentos de actividad derivadas de las medidas restrictivas adoptadas por las comunidades autónomas para luchar contra el Covid.
Aunque se esperaba que el acuerdo estuviera ya cerrado la semana pasada, algunos «escollos» de última hora lo han dificultado, entre ellos la demanda de la patronal de que el compromiso de mantenimiento del empleo durante seis meses se modificara para que no se tuvieran que devolver todas las ayudas recibidas en caso de despedir a algún trabajador que esté en un ERTE.
Sin embargo, dicha petición ha caído en saco rato, pues ni el Gobierno ni los sindicatos han aceptado flexibilizar el compromiso de mantenimiento del empleo, alegando que los recursos públicos que sostienen los ERTE no pueden servir para respaldar el despido de trabajadores.
Aun así, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, se ha mostrado convencido de que la nueva prórroga de los ERTE contará con el respaldo pleno de todos los agentes sociales, incluidos los empresarios, y ha cifrado en 5.500 millones de euros el coste de mantener los ERTE hasta el 31 de mayo (sumando exoneraciones de cuotas y prestaciones para los trabajadores).
Así las cosas, la propuesta del Gobierno para prorrogar los ERTE mantiene el compromiso de mantenimiento del empleo, así como el esquema actual de ERTE, según indicó la propia ministra de Trabajo. Asimismo, se mantendrá también la prohibición a las empresas que hagan ERTE de despedir, repartir dividendos y realizar horas extraordinarias.
Además, los trabajadores afectados por ERTE seguirán teniendo acceso a la prestación sin periodo de carencia, no les computará el periodo consumido hasta enero de 2022 y la prestación equivaldrá al 70% de la base reguladora.
Según los últimos datos de la Seguridad Social, a cierre de diciembre estaban en ERTE más de 755.610 trabajadores, aunque en el pico alto de la pandemia los trabajadores protegidos llegaron a ser más de 3,4 millones.