La metodología para cometer delitos contra la fauna están cambiando, según concluye un centenar de expertos reunidos en unas jornadas organizadas por WWF que han coincidido en la necesidad de aumentar la coordinación entre los distintos cuerpos de seguridad, elevar las penas contra este delito o reformarlo para evitar la impunidad, así como mejorar la formación de los cuerpos especializados.
Las jornadas en las que han participado unos cien expertos presentará al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico el documento ‘Propuestas para avanzar en la persecución ilegal de la fauna silvestre en España’, resultado de estas jornadas.
En concreto, la ONG señala que los expertos han constatado que la mortalidad ilegal de fauna sigue siendo un problema importante y que se está produciendo una tendencia cambiante sobre los métodos usados.
En la actualidad, destaca que España se sitúa a la cabeza de Europa en la lucha contra estos delitos, tanto en la investigación y persecución como en el enjuiciamiento de las causas.
En las jornadas se ha subrayado que la mortalidad ilegal por disparos, trampas o veneno es en la actualidad un «problema relevante» que entorpece la conservación de numerosas especies amenazadas.
Entre los avances en las últimas décadas, se han referido a la lucha contra el uso ilegal de veneno, se han destacado las sanciones alcanzadas, los medios para investigación y detección y personal especializado. De hecho, «solo» en España se han producido más sanciones que la suma de las correspondientes al resto de países europeos.
Así, han constatado que el uso del veneno en el campo ha disminuido en los últimos años aunque sigue siendo importante, y se está constatando el aumento de otro tipo de delitos contra la fauna como los disparos o el uso de cepos y de lazos ilegales.
En este contexto, en las jornadas han concluido que la mortalidad ilegal es uno de los principales problemas para la conservación de especies de grandes carnívoros amenazados como el lince ibérico o el oso pardo, así como de otras especies de aves rapaces.
Según los datos presentados por el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) han indicado que en 2020 estos delitos aumentaron un 400 por ciento en 2020 con respecto al año anterior.
Una explicación puede ser que el confinamiento hizo percibir a los delincuentes una menor vigilancia en el campo y una falsa sensación de impunidad que les llevó a aumentar su actividad delictiva, y que, sin embargo, sí fue detectada y perseguida exitosamente por los cuerpos y fuerzas de seguridad y por los agentes de medio ambiente.
Pese a los avances, en las jornadas han concluido que los retos a lograr pasan por una necesaria mejora de la coordinación entre los cuerpos de seguridad (SEPRONA, agentes de medio ambiente, policía autonómica).
También debería incrementarse la coordinación entre los eslabones implicados en la cadena de enjuiciamiento -el trabajo en campo, el análisis pericial forense, en laboratorio y el trabajo en los juzgados. La importancia de una mayor formación y disponibilidad de medios y personal especializados.
Por otro lado, reclaman cambios normativos y legales que aumenten las penas contra este tipo de delitos para que realmente tengan efecto más disuasorio y se facilite la investigación de los casos. Asimismo, consideran necesario aplicar la responsabilidad de los titulares de los aprovechamientos cinegéticos para evitar no solo la existencia de cebos envenenados, sino también de animales con disparos y trampas ilegales.
La responsable de especies de WWF, Gema Rodríguez, ha advertido de que «la magnitud del problema es tal que se está poniendo en peligro la recuperación de varias especies amenazadas», y ha informado de que la ONG trasladará las necesidades identificadas en las jornadas a las administraciones implicadas.