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domingo, 9 mayo 2021

ONG piden que la ley de infancia prohíba los desnudos de menores migrantes y el uso de medidas de contención mecánica

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La Plataforma de Infancia, red conformada por 75 organizaciones, pide que la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia frente a la violencia, incorpore, a su paso por el Senado, la prohibición de la exploración de los genitales de menores migrantes no acompañados en el procedimiento de determinación de la edad; que extienda la obligación de realizar la prueba preconstituida a todos los menores de edad; refuerce la protección de menores tutelados, y prohíba el uso de medidas de contención mecánica.

Estas son algunas de las propuestas realizadas a través de enmiendas a la ley y que la ONG reclama que se incluyan a su paso por el Senado, donde continúa su tramitación, tras su reciente aprobación por el Pleno del Congreso.

«Aunque estamos deseosos de que se apruebe esta Ley, no podemos permitirnos que deje fuera cuestiones esenciales para garantizar la protección frente a la violencia de todos los niños, niñas y adolescentes», explica la responsable de Incidencia Política de la Plataforma de Infancia, Almudena Escorial.

En este sentido, precisa que el Senado aún está a tiempo de incorporar recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas y de las organizaciones de infancia a esta Ley, «que va a ser ejemplo en el mundo».

Aunque consideran que se han introducido mejoras en su paso por el Congreso, las organizaciones de infancia señalan que todavía hay cuestiones que deberían ser abordadas en el Senado, como el procedimiento para determinar la edad de los niños y niñas migrantes que llegan a España.

En este sentido, el Defensor del Pueblo, el Tribunal Supremo y el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas han urgido a España a modificar este procedimiento. Especialmente contundente se ha mostrado el Comité con la prohibición de los desnudos integrales y la exploración de los genitales a estos niños y niñas.

«Esta práctica que, como señala el Comité sobre los Derechos del Niño infringe su dignidad, su privacidad y su integridad corporal, no resulta nada efectiva para evaluar la edad, por lo que debería ser prohibida en esta Ley si queremos proteger efectivamente a los niños y niñas de cualquier forma de violencia», añade Escorial.

Precisamente, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, anunció el pasado miércoles en el Congreso de los Diputados que el Gobierno quiere prohibir por ley estos desnudos integrales y las exploraciones genitales en las pruebas de determinación de la edad a menores extranjeros no acompañados.

AMPLIAR LA PRUEBA PRECONSTITUIDA

Por otra parte, la Plataforma de Infancia considera también necesario reforzar la prueba preconstituida, que consiste en que el niño o niña testifique una sola vez en toda la instrucción judicial y que su testimonio pueda ser usado como prueba. Para las ONG de infancia es «una medida muy positiva para evitar la revictimización» de los menores.

El proyecto de ley prevé que se haga para los menores de 14 años pero la Plataforma de Infancia considera que debería extenderse a todas las personas menores de edad que deban intervenir en un procedimiento judicial.

Otra medida «de vital importancia» que consideran que debería ser abordada en el Senado es la prohibición de las medidas de contención mecánica en los centros de internamiento de menores infractores. La Plataforma cree que las sujeciones mecánicas, de cualquier tipo (elementos sanitarios, grilletes, esposas) no deberían estar permitidas en ningún tipo de centro porque «constituye siempre una situación de riesgo».

Por último, las organizaciones de infancia consideran que el proyecto de ley no aborda «suficientemente» la necesidad de reforzar la protección de los niños y niñas privados de cuidado parental y pide establecer una figura análoga al coordinador de protección de los centros educativos.

«Los niños y niñas tutelados por las Administraciones públicas bajo el sistema de protección son uno de los grupos más vulnerables frente a la violencia. Además, los sistemas de protección carecen de las herramientas necesarias para protegerlos, especialmente en recursos residenciales grandes», explica Escorial, al tiempo que recuerda que el Comité sobre los Derechos del Niño mostró su preocupación a España en 2018 por «los casos de malos tratos y de trato degradante de niños atendidos en centros de acogida».

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