A pesar del aumento de la pobreza por la pandemia, EAPN denuncia la falta de una Estrategia Europea de lucha contra la Pobreza.
La pandemia de la Covid-19 tendrá «probablemente un impacto directo» en términos de aumento de la pobreza y de la pobreza activa, especialmente entre los grupos más vulnerables de la sociedad, por lo que es necesaria «una protección social más inclusiva» que abarque a todo tipo de trabajadores.
Esta es una de las conclusiones que se desprende de un nuevo informe publicado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES), en el que se analiza la situación europea y estatal en el marco de la pandemia de la COVID-19.
El estudio, al que ha tenido acceso Europa Press y que lleva por título ‘Documento de evaluación del impacto de la pandemia de la COVID-19 en España y Europa’ revela que, en 2019, el 5,8% de la población de la UE de los 27 vivía en situación de privación material grave. Alerta de que «es probable» que este porcentaje aumente significativamente como consecuencia de la pandemia de Covid-19.
Incide también en la pobreza energética, «un problema particularmente extendido en toda Europa», donde entre 50 y 125 millones de personas no pueden permitirse un confort térmico adecuado en el interior de sus casas.
En vivienda, la tasa de sobrecoste de la vivienda en la Unión fue del 9,6%, lo que significa que las personas que viven en estos hogares gastan en vivienda el 40% o más de su renta disponible equivalente, aunque en algunos Estados miembros la tasa de sobrecoste de la vivienda llega hasta un 50-90%. Además, la situación de ‘sinhogarismo’ está en aumento en Europa y se estima que en 2019 había unas 700 000 personas sin hogar, un 70% más que hace una década.
El informe señala que, durante la crisis financiera de 2008, el desempleo y el empleo precario y atípico aumentaron significativamente. Más de una década después, con la crisis de la Covid-19, el aumento de la brecha entre ricos y pobres ha aumentado y se han agudizado los desequilibrios en los Estados miembros y entre ellos, entre otras consecuencias.
Así, en abril de 2020, durante la pandemia de Covid-19, el 50% de las personas trabajadoras de la Unión experimentó una reducción de su tiempo de trabajo, más de un tercio (34%) declaró que había disminuido «mucho» y el 16% afirmó que había disminuido «un poco». El 75% de los ciudadanos de la Unión considera que su situación financiera es peor que antes, el 68% afirma tener dificultades para llegar a fin de mes y el 16% de los trabajadores de la Unión ven probable perder su empleo en un futuro próximo.
Por todo ello, la EAPN reclama una estrategia de lucha contra la pobreza de la UE integrada, «con metas ambiciosas de reducción de la pobreza, indicadores europeos que capten la realidad multidimensional de la pobreza y la exclusión social y que se basen en la inclusión activa, así como un marco de seguimiento integral a nivel de la UE».
En este punto, cree que, a la luz del aumento previsto de la pobreza y la exclusión social tras la pandemia de Covid-19, hay que apoyar el desarrollo de una meta global ambiciosa para reducir el riesgo de pobreza y exclusión social (AROPE) en un 50%.
También aboga por continuar utilizando el enfoque integrado de inclusión activa, que combina el apoyo personalizado en empleos de calidad, ingresos mínimos adecuados, protección social y acceso a servicios de calidad para todos, incluyendo los servicios sociales y esenciales, para respaldar una estrategia dinámica basada en los derechos para combatir la pobreza.
Además, pide apoyar estrategias integradas basadas en enfoques acordados por la UE, como invertir en la infancia para la implementación de la Garantía Infantil y la Plataforma Europea sobre Personas sin Hogar para abordar el sinhogarismo y la exclusión residencial, entre otras cuestiones.
Asimismo, pide desarrollar una meta adicional a nivel europeo para poner fin a la pobreza extrema, en consonancia con el ODS 1, además del indicador AROPE existente lo que, a su juicio, permitiría priorizar las medidas específicas para combatirla, en particular para los niños, niñas y adolescentes, las familias en pobreza (especialmente, los hogares monoparentales), las personas sin hogar y las inmigrantes y refugiadas.
El informe considera también que los principios del Pilar Europeo de Derechos Sociales deben ser una «brújula» para la convergencia ascendente hacia unas mejores condiciones de vida y de trabajo y «herramienta clave» de seguimiento de las políticas.
Además, pide apoyar la «transición justa» asegurando que los fondos beneficien a las personas y regiones más pobres, por ejemplo, invirtiendo en viviendas sociales energéticamente eficientes, asegurando que los costos de energía más altos no repercutan en los alquileres o facturas, proporcionando transporte ecológico asequible y apoyando los más alejados del mercado laboral hacia nuevos empleos verdes.
FONDOS EUROPEOS QUE GARANTICEN LOS DERECHOS SOCIALES
Entre sus recomendaciones, la EAPN defiende que hay que «dejar en claro» que el Fondo de Recuperación y Resiliencia, los Fondos Estructurales de la UE y el Instrumento de Apoyo Técnico deben utilizarse para reformas sociales que garanticen los derechos sociales.
Por este motivo, el estudio pide «supervisar sistemáticamente el uso de los fondos europeos y cómo se cumplen los derechos sociales y las metas en materia de política social, en particular las reflejados en los Planes de Recuperación y Resiliencia», además de «supervisar de forma transparente el uso de los fondos europeos para apoyar la concreción de los derechos sociales y las metas de la política social (incluida el apoyo a proyectos de ONG innovadores y de base, realizados junto con personas en situación de pobreza) y su impacto en la pobreza y la desigualdad.
Aboga por garantizar una inversión equitativa en reformas sociales para implementar los derechos sociales, que comprendería áreas como ingresos mínimos adecuados y sistemas de protección social; sanidad asequible y de calidad y cuidados de larga duración; vivienda social y asistencia para personas sin hogar; educación y cuidados de la primera infancia; servicios sociales personalizados; iniciativas de base de la economía social o circular, incluidas las realizadas por la economía social.
Para la EAPN también hay que priorizar la financiación adecuada y la inversión social en estados de bienestar, «garantizando el acceso a servicios públicos clave como un derecho social» por lo que aboga por avanzar hacia una directiva marco de la UE para una Renta o Ingreso Mínimo adecuado para todos, «en un enfoque coherente con la Directiva de la UE propuesta sobre un Salario Mínimo Adecuado».
Reclama avances en la adecuación, la cobertura, el carácter habilitador y las ratios de adopción de la Renta o Ingreso Mínimo y la protección social a lo largo de la vida y garantizar que las transferencias sociales saquen a las personas de la pobreza; priorizar la inversión en vivienda adecuada; y dar un enfoque de acceso universal a los servicios sanitarios y de cuidados de larga duración.
El informe también pone el foco en dar «mayor énfasis en el apoyo integrado, centrado en la persona y basado en los derechos, hacia empleos sostenibles y de calidad, para todas los tramos de edad activa y los grupos excluidos, rechazando la «condicionalidad negativa» en las políticas de empleo» y promover un enfoque holístico de la educación, la formación y el aprendizaje permanente, a lo largo de la vida, como derecho social. Por último, apuesta por invertir en las organizaciones de la sociedad civil y dialogar con personas con experiencia directa de la pobreza.