La Plataforma de la Infancia ha insistido en la necesidad de contar con un plan de contingencia para evitar las «grandes vulneraciones» de los derechos de los menores migrantes no acompañados en España. En concreto, ese plan debe garantizar la asistencia letrada de los menores migrantes, identificar a los más vulnerables y repartir recursos entre las comunidades autónomas.
«No solo las comunidades autónomas con cercanía de frontera deben asumir estas situaciones, las comunidades autónomas deben cambiar su rol de manera responsable. Los hechos graves que hemos visto en Ceuta no deberían volver a suceder», ha sentenciado el director de la Plataforma de la Infancia, Ricardo Ibarra Roca.
Así lo ha manifestado este martes, 28 de septiembre, el director de la plataforma durante su comparecencia en la Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia, donde ha informado sobre la situación de los derechos de la infancia en la coyuntura presente.
La situación de contingencia, según ha explicado Ibarra, debe contemplar qué va a pasar con aquellos niños cuyo interés superior diga que tienen que quedarse en España porque la vuelta a su país sea contraria a sus intereses. «Hay niños que viven en entornos complicados en Ceuta, no tiene la capacidad para asumir una situación de estas envergaduras», ha lamentado.
Aunque ha denunciado las «grandes vulneraciones» de los derechos de los niños en España, ha celebrado que se resolviera el «problema enquistado» en Melilla con los menores en el sistema educativo, «pese a que se sabía que tenían residencia en Melilla», algo que «no debería haber pasado».
Ibarra se ha mostrado «muy contento» de que se haya generado un derecho de acceso a la educación en Melilla, pero ha criticado que los mayores de dieciséis años no tengan alternativa todavía dentro del sistema educativo. Así, ha instado a ofrecer garantías para que «esto no vuelva a pasar en el futuro» ante la «situación económica complicada» en Melilla, por lo que ha defendido que no sean solo las comunidades autónomas en fronteras las que «tienen que asumir situaciones excepcionales» ya que «no tienen esa capacidad de dotar de recursos suficientes a estos niños».
ESTRATEGIA INTEGRAL DE INFANCIA MIGRANTE
Asimismo, Ibarra ha reclamado «importantes medidas políticas efectivas más allá de situaciones coyunturales» y ha añadido que están trabajando en una estrategia integral de infancia migrante con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, con el que colaboran para garantizar los sistemas de protección para que los menores no acompañados tengan «igualdad de oportunidades» a la hora de acceder al sistema laboral.
A pesar de que considera un «avance notable» el despliegue del Ingreso Mínimo Vital, ha matizado que tiene «problemas de configuración» en casos como las familias numerosas con cuatro hijos o familias jóvenes menores de 23 años: «Esperamos que en la tramitación parlamentaria del IMV esté el ánimo de cambiar y mejorar esta medida, que puede funcionar muy bien».
En la misma línea, el director de la plataforma ha detectado «carencias» en el diseño y el funcionamiento del IMV, debido a la «complejidad burocrática» y a la falta de participación del Tercer Sector. Además, ha añadido que «no debe menoscabar las ayudas existentes en las comunidades autónomas como está sucediendo».
Por otro lado, ha alertado del «brutal» impacto de la pandemia en la salud mental de la infancia, debido al confinamiento, la exposición a pantallas, el tiempo que han perdido en espacio de sociabilización o incluso la violencia física que hayan podido sufrir. «Creo que es muy positivo que empecemos a hablar con normalidad de la salud mental, que es algo que tenemos que dejar de menospreciar cuando hablamos de los problemas de los niños», ha dicho.