Mujeres Juezas ha señalado que la actual Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) prevé que los centros médicos tengan un conocimiento de cuántos profesionales objetores tienen en su plantilla, ya que determina que aquellos que participen directamente de esta práctica deben comunicar esta postura con antelación y por escrito.
La entidad ha explicado a Europa Press que en el texto de la norma aprobada en 2010 recoge algunas pautas a seguir ante la posibilidad de que se produjera la objeción de conciencia de un profesional directamente implicado en una IVE, no del personal de apoyo de enfermería o de asistencia, sino de quien fuera a llevar a cabo esta práctica.
En dichas pautas, explica, la norma establece que la posible objeción del profesional no debe menoscabar la calidad en la asistencia de la mujer que va a realizarse una IVE. Además, apunta Mujeres Juezas, se recoge que la decisión del profesional debe ser tomada de forma individual, y no por un sindicato o grupo, así como que esta se tiene que manifestarse de forma anticipada y por escrito.
La magistrada y socia de Mujeres Juezas, Lara Esteve, ha explicado que esta última pauta está ya previendo que el centro en cuestión pueda conocer qué porcentaje de su equipo es objetor y, de este modo, conocer con antelación la situación para reorganizar equipos o contratar a personal.
«Esto es lo que establece la ley y entiendo que sí que se tiene que tener un conocimiento por parte del establecimiento medico en cuestión de las personas que van a hacer objeción de conciencia», ha declarado.
Esteve apunta que, sin conocer las características del registro que ha anunciado el Ministerio de Igualdad en esta materia, la actual normativa ya establece una «aviso por escrito y de manera expresa» de esta objeción, por lo que, en teoría, «ya deberían existir estos listados» en los centros como medida para «garantizar el servicio» a las mujeres que deciden realizar una IVE.