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miércoles, 17 agosto 2022

Directores de Servicios Sociales instan a agilizar las ayudas de urgente necesidad de los ayuntamientos

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La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales se ha dirigido a los grupos parlamentarios para que en el debate de los Presupuestos generales de Estado presenten y aprueban una enmienda para que las ayudas de urgente necesidad que ofrecen los servicios sociales de ayuntamientos y diputaciones a personas y familias para sufragar necesidades básicas no tengan carácter de subvención. El objetivo sería simplificar los procedimientos y aliviar la carga burocrática que en algunos casos retrasa durante semanas la concesión y el pago de estas ayudas.

La enmienda propone una pequeña modificación de Ley General de Subvenciones, en su artículo 2º, que incluya estas ayudas en el listado de prestaciones que no tienen carácter de subvención.

El año pasado se concedieron 891.140 ayudas de estas características con una cuantía media de 184 euros por ayuda, y la cuantía total del gasto –sin contar con los datos de Castilla-La Mancha y Extremadura–, ascendió en 2020 a 160 millones de euros, según la asociación.

Estos datos contrastan, tal y como señala, «con las cifras oficiales de pobreza según las cuales 3,3 millones de personas sufren carencias materiales graves, de acuerdo con los estándares europeos».

Además, indica que 12.481.792 personas se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social, 4.680.672 personas viven en hogares sin empleo o con baja intensidad en el empleo –los miembros en edad de trabajar lo hicieron menos del 20% de su capacidad de trabajo–, y 9.928.699 personas viven en riesgo de pobreza –con ingresos por debajo del 60% de la renta mediana disponible, 9.009 €/año para hogares de una sola persona–.

La asociación asegura que, a causa de sus requisitos «sin sentido como tomar como referencia la renta del año anterior para atender situaciones sobrevenidas a causa de la pandemia, y de la complejidad de su gestión, tres de cada cuatro solicitudes se han denegado, cientos de miles están pendientes de resolver, y a fecha de hoy solo 350.00 familias lo perciben, frente a los 850.000 hogares que el propio Ministerio consideraba como potenciales perceptores».

De la misma manera, apunta que los presupuestos municipales para atender las necesidades más básicas –alimentación, vestido, alquiler, suministros del hogar– de familias en situaciones de necesidad, «se han incrementado hasta un 30% en algunos casos, pero los procedimientos burocráticos y la rigidez de la intervención municipal han imposibilitado el acceso y, por tanto, la eficacia de las ayudas». Según a entidad, algunos ayuntamientos «pueden tardar casi dos meses a dar una ayuda de urgencia social, lo que les hace perder todo su sentido, y las trabas a la hora de justificar en las intervenciones son dificultosas a la vez que humillantes».

Para la asociaciación, «la estricta interpretación de la norma que considera estas ayudas como subvenciones, es una de las causas de esta situación, por lo que urge modificarla o interpretarla de manera menos rigurosa».

En este sentido, apunta que algunas comunidades autónomas «han incrementado esta financiación con procedimientos paralelos y contradictorios para sortear las dificultades burocráticas impuestas por la interpretación de la Ley de Subvenciones por la Intervención General».

También recuerda que el Ministerio de Derechos Sociales incrementó en 2021 el presupuesto del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales hasta cien millones de euros, con lo que las entidades locales han podido incrementar sus ayudas de emergencia social, pero «el injustificable retraso en distribuir ese crédito, lo ha hecho, en la práctica, inutilizable».

Por ello y «pensando en la angustiosa situación que viven más de 3 millones de, gravemente afectadas por la actual crisis económica consecuencia de la pandemia», la asociación considera «imprescindible y urgente modificar la norma para que queden exceptuadas de la Ley General de Subvenciones, incluyéndolas en su Art. 2.4, estas ayudas de urgente necesidad».

Los directores y gerentes de Servicios Sociales han elaborado una propuesta de enmienda en este sentido, que han trasladado a los Grupos Parlamentarios, para que se incluya en la Ley General de Presupuestos de 2022, actualmente en debate. «Con ello el próximo año se podría ahorrar el sufrimiento de cientos miles de familias en situaciones de extrema necesidad y también agilizar el funcionamiento de los servicios públicos», concluye.

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