Las familias piden el cumplimiento completo de penas para evitar que los niños puedan encontrarse con el asesino de su madre.
El hermano de una víctima de violencia de género, en la que también fue asesinada la madre de esta, ha denunciado en el Senado que cuatro años después de este crimen continúa haciendo trámites para poder criar a sus sobrinos huérfanos. Esta situación, ha apuntado, no les ha dejado aún hacer el duelo.
FJBJ ha sido uno de los testimonios que se han escuchado este jueves en la Cámara alta, durante la V Jornada Huérfan@s de la Violencia de Género que, en esta edición, se ha centrado en lo que ocurre «después del minuto de silencio» tras el asesinato.
En el caso de FJBJ, quien perdió a su hermana y a su madre, tuvo que ocuparse, junto al resto de la familia materna, de los dos menores que quedaron huérfanos con este crimen y que, ha recordado, se enfrentan a un trauma que no pueden «asumir solos»: que su padre haya asesinado a su madre y a su abuela.
A su juicio, estos niños son «los grandes olvidados de la justicia y de las instituciones» y ha criticado que no existan protocolos específicos para los huérfanos de esta lacra.
«NO NOS DEJA PASAR PÁGINA»
«Sin poder llorar a mi hermana y a mi madre, en una nube, angustiados, sin poder dormir, nos mareábamos, con pérdidas de memoria, temblorosos, tuvimos que empezar los trámites para regularizar a los huérfanos y pedir su protección recorriendo una y otra vez oficinas del Ayuntamiento, comunidad autónoma, Seguridad Social, juzgados, seguro, Policía, Hacienda, pidiendo excepciones porque el huérfano no se contempla», ha declarado.
«Estos trámites no te dejan hacer el duelo y aún continúan 4 años después», ha denunciado FJBJ, para apuntar que el juicio por el asesinato de su hermana y su madre tampoco tiene fecha, una situación que les lleva a «vivir con miedo».
«La lentitud administrativa y de la justicia es un gran obstáculo y no nos deja pasar página. Tenemos la sensación de que la justicia limita constantemente la vida normal de los huérfanos y sus familias», ha apuntado en su intervención.
Del mismo modo, ha reclamado que, en el caso de estos crímenes, se dicte una orden de embargo de los bienes del asesino de forma automática para evitar, como les ha ocurrido a sus sobrinos, que su padre, desde la cárcel, «se deshizo de todos sus bienes con la ayuda de un abogado y de su familia», mientras sus hijos se han quedado sin recursos.
PENAS COMPLETAS
FJBJ es partidario, también, de que los culpables de asesinatos machistas cumplan la condena completa. Teme que los menores puedan encontrarse con el asesino de su madre cuando aún continúan en tratamiento psicológico.
También ha llamado al cumplimiento íntegro de penas Luz Marina Rodríguez, cuya hermana fue asesinada por su pareja delante de sus hijos y su madre.
Ella también ha denunciado los problemas burocráticos a los que se ha tenido que enfrentar desde 2013, empezando porque se ha tenido que hacer cargo durante meses de los gastos de hipoteca o coche de su hermana hasta que se resuelven los trámites con el seguro y, en algunos casos, teniendo que pagar indemnizaciones. Tampoco ha recibido ayudas por acoger a sus sobrinos –sin un hogar adaptado, con cambio de colegios y médicos– mientras no se solucionaba la petición de tutela.
En este sentido, ha denunciado que en la administración se exija «hablar con el padre» que ha asesinado para reclamar la patria potestad o determinar algunos aspectos de los menores. «Entregas millones de papeles», ha asegurado.
SEGUIMIENTO PSICOLÓGICO
Rodríguez también reclama un mayor seguimiento psicológico para los menores ya que, según apunta, una vez dados de alta ya no pueden recurrir a esta ayuda específica si después tienen recaídas. O que recaigan sobre ella gastos como abogados, notarios y procuradores. «Yo no he matado a mi hermana», ha lamentado.
«Más ayudas» ha sido también la reclamación de Rosario, cuya hija ha quedado postrada en una cama tras sufrir la agresión de su pareja y cuida de dos nietos. Su testimonio lo ha leído la fiscal decana de la sección territorial de Linares, Ana Carolina Parejo; mientras que la periodista Magis Iglesias ha compartido una carta de María José Pedraja, cuya hija se suicidó tras años de maltrato psicológico y físico del padre de su hijo.
Las jornadas han sido inauguradas por el presidente del Senado, Ander Gil, quien ha señalado que, aunque en España se ha avanzado en la lucha por la igualdad y contra la violencia de género, «queda mucho trabajo por hacer». Y en materia de atención a los huérfanos de la violencia de género, ha destacado la labor de Fondo de Becas Soledad Cazorla para que los huérfanos de esta lacra no sean «herederos del silencio».
En el acto también ha participado la delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell, quien ha recordado dos casos de esta lacra como ejemplo de aquello que queda por mejorar.
Sobre el último caso que se ha registrado este año, de la mujer asesinada en Cádiz, la situación de los tres huérfanos que han quedado del crimen y que no eran hijos del asesino y que, por tanto, no tiene la misma protección integral que otros huérfanos; sobre el caso de las menores de Tenerife, que la víctima no tenga que pasar por «la penuria» de tener que presentar la declaración de ausencia o fallecimiento, cuando se puede justificar judicialmente.
UNIÓN FRENTE AL NEGACIONISMO
Del mismo modo, Rosell ha llamado al «consenso» para llevar a cabo las modificaciones necesarias en las políticas de Igualdad y de violencia de género. Una situación que, ha apuntado, es más necesaria que nunca cuando están «irrumpiendo» en instituciones y gobiernos posturas «negacionistas» de esta lacra.
Por su parte, el promotor del Fondo de Becas Soledad Cazorla, Joaquín Tagar, ha recordado que, solo este año, son 5 los menores que han quedado huérfanos como consecuencia de la violencia de género y, en este sentido, ha señalado que «un maltratador nunca es un buen padre».
Tagar ha reprochado que en muchos de los casos que acaban con un menor huérfano, es porque «jueces o policías no dan crédito a las madres» ni «han tenido en cuenta las denuncias» o «peticiones de alejamiento» que las víctimas han hecho contra sus parejas. Así, llama a «pecar por exceso» en las medidas de protección a los menores, porque, apunta, «si ha habido engaño» por parte de la madre, «se puede actuar contra ella».
El trabajo del fondo de becas ha sido puesto en valor durante el acto por la presidenta de Fundación Mujeres, Elena Valenciano, que también ha señalado que «trabajar con las familias» afectadas por esta lacra permite ampliar objetivos, puesto que son ellas las que ofrecen la «realidad» de la situación, con juicios que tardan años en celebrarse, con dificultades en acceso a las ayudas o a los estudios, entre otras cosas.