La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha señalado este miércoles que las fuerzas políticas que acordaron el Pacto de Estado contra la Violencia de Género en el Congreso de 2017 tiene ahora la «oportunidad» de actualizar Para Montero, «el mayor consenso político» que existe en la Cámara baja en la actualidad es el de «no descansar» hasta la «erradicación» de las violencias que sufren las mujeres y, por ello, ha hecho un llamamiento a estos partidos a «seguir haciendo políticas públicas» e «inversiones económicas» con «la más absoluta unidad» y «consenso institucional, sin fisuras».
A su juicio, ahora hay una «oportunidad» de «actualizar el dictamen» de ese acuerdo y hacer bajo «el mismo consenso» que se consiguió en 2017. «Estamos obligadas por las mujeres asesinadas, sus hijos, sus familias, por las que no están, las que siguen luchan, las que van a venir y las que vendrás, a convertir en permanente el Pacto y a blindar su financiación», ha insistido la responsable de Igualdad.
Montero ha comparecido este miércoles en el Pleno del Congreso para defender las partidas que corresponden a su departamento incluidas en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022.
AUMENTA EL PGE PARA EL INSTITUTO DE LAS MUJERES
En su intervención ha señalado la cuantía «histórica» que estos PGE registran en «políticas públicas feministas» y que en cuanto al Ministerio de Igualdad suponen un crecimiento de 74 millones con respecto a las partidas de 2021, hasta alcanzar los 525 millones de euros.
De ellos, según ha explicado Montero un 43% se destinarán a programas para la igualdad de oportunidades, mientras que un 54% financiará medidas en materia de violencia de género y un 3% para igualdad de trato. En este sentido, ha destacado el aumento del 130% de las partidas contra la LGTBIfobia; o los tres millones, hasta los 23,6, para el Instituto de las Mujeres.
Pero la mayor parte de la intervención de Montero se ha referido a la prevención, lucha y atención de las víctimas de violencias machistas, coincidiendo con que este jueves se celebra el Día Internacional contra la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, para señalar que, a través de los 284 millones que le destina en estos PGE, este tema será una «cuestión de Estado»,
En este sentido, la ministra ha destacado la puesta en marcha del plan ‘España te protege contra las violencias machistas’; la modernización y ampliación de los servicios 016, Atenpro y las pulseras de protección a víctimas; el proyecto de ley de Garantías de la Libertad Sexual (Ley solo sí es sí); el Plan de contingencia contra esta lacra puesto en marcha durante la pandemia; o la actualización de protocolos contra esta violencia.
CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN
Las explicaciones de la ministra de Igualdad no han convencido a la portavoz del PP en esta materia, Margarita Prohens, quien ha acusado al equipo de Montero de aumentar los PGE en salarios (un 30%) y estructura (un 32%) o para la contratación de una consultora por 250.000 euros, y no invertir, por ejemplo, en la Unidad de Atención a Familia y Mujer (UFAM).
En este sentido, ha reprochado al Gobierno que no hayan aceptado enmiendas del PP a estas partidas relacionadas con la conciliación, con incentivos a personas con discapacidad, la inserción laboral en el rural, el fomento de la natalidad o la ampliación de permisos por nacimiento o adopción.
También ha mostrado su rechazo al «veto» de sus enmiendas la portavoz de Igualdad de Ciudadanos, Sara Giménez. En su caso, según ha explicado, el Ejecutivo ha rechazado iniciativas que llamaban a poner en marcha un Plan de Acción para el impulso de la natalidad, la extensión del Plan Me Cuida a los autónomos o la deducción por contratación de servicio doméstico con alta en la Seguridad Social, entre otras.
Vox, por su parte, ha denunciado que los PGE de Igualdad son los de la «indignación» porque «no atienden a necesidades reales» de lis ciudadanos, sino que son «pura ideología». Su representante en este debate, Lourdes Méndez, ha explicado que los 525 millones para Igualdad solo aumentan «el déficit del Estado» y obligará a los hijos y nietos a pagar las «ocurrencias» de la ministra con estudios sobre «personas no binarias», sobre «masculinidades» o sobre «el patriarcado y el clima».