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domingo, 4 diciembre 2022

CERMI exige que la Ley de Servicios Sociales se base en la defensa de una «vida digna para todas las personas»

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El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha presentado este lunes el documento con sus aportaciones a la Ley estatal de Garantía de Derechos y Servicios Sociales –que ha iniciado la fase de consulta pública– en el que pide que esta norma tenga en consideración un modelo social basado «en el pleno ejercicio de los derechos sociales» y la «defensa de unas condiciones de vida dignas para todas las personas».

Tal y como ha informado la entidad, en un comunicado recogido por Europa Press, esta Ley Estatal de Garantía de Derechos y Servicios Sociales debe, además, centrar sus reflexiones sobre el nuevo modelo social «en clave europea».

Así, el movimiento social de la discapacidad, a través de CERMI, pide el reconocimiento de nuevos derechos sociales, que tengan la consideración y el rango de «genuinos derechos, con las notas típicas de universalidad, carácter vinculante, exigibilidad, calidad y gratuidad».

Del mismo modo, recuerdan que esta nueva norma estatal debe estar adaptada a una «coexistencia» con las leyes de Servicios Sociales de segunda y tercera generación con las que, a su juicio, deben dotarse cada una de las comunidades autónomas.

De hecho, la organización apunta que, al hablar de «reconocimiento» y de «garantía de derechos sociales» en este texto, también «se deben tener presentes las nuevas necesidades sociales surgidas del nuevo modelo de convivencia a las que se debe dar asiento a través de un gran sistema de apoyos sociales, definido y garantizado en última instancia por el Estado».

Entre las principales consideraciones el CERMI en este sentido, está la necesidad de «un sistema integral de reconocimiento y garantía de servicios sociales garantista, sostenible, armónico y respetuoso con el marco competencial de partida» que sea «una garantía de derechos».

Finalmente, el CERMI observa en la ley presentada por el Gobierno «un gran problema de financiación» y, como posible solución, ha pedido continuar «realizando debates y análisis» que «permitan sensibilizar y tomar conciencia sobre la importancia de los derechos sociales».

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