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martes, 17 mayo 2022

El CGPJ llama a reformar la ley para que los delitos sexuales fuera de la pareja sean violencia de género

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Los expertos muestran especial preocupación por los delitos que se comenten contra los menores.

El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha destacado, este jueves, la necesidad de «acometer cuanto antes» la reforma de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género para extender el concepto de violencia sobre la mujer a los supuestos que tienen lugar fuera del ámbito de la pareja, como por ejemplo, los delitos sexuales cometidos por desconocidos de la víctima.

Según ha indicado el Observatorio, esta reforma permitiría perseguir de forma más «efectiva, exhaustiva y profunda» la violencia sexual, incluida la que se comete contra menores de edad, que, según ha apuntado, supera en número de casos a la cometida contra mujeres adultas.

A su juicio, el «actual concepto cerrado» de violencia sobre la mujer es «insuficiente para estudiar y combatir con efectividad» esta lacra en «el sentido amplio que prevé» el Convenio de Estambul.

Del mismo modo, reclama un aumento del número de juzgados de violencia sobre la mujer; la elaboración de perfiles de las víctimas menores más vulnerables para la detección precoz; mejorar la coordinación entre operadores jurídicos, médicos y centros escolares; y una apuesta por la elaboración de planes de formación específicos para jueces y magistrados en materia de violencia sexual sobre menores de edad.

Desde el Observatorio recuerdan los datos del estudio, publicado en noviembre, realizado a través del estudio de 102 sentencias dictadas en 2020 por la Sala Segunda del Tribunal Supremo en casos de violencia sexual, del que se desprende que en 9 de cada 10 casos (93,8%) la violencia sexual es cometida por hombres, y que en 8 de cada 10 (83%) la víctima es una mujer, pero «solo el 6,9% de estas causas que llegaron al Supremo fueron instruidas por Juzgados de Violencia sobre la Mujer.

DELITOS SOBRE MENORES

El Observatorio muestra «especial preocupación» en la violencia sexual cometida sobre menores que, según indica el estudio, representa el 70,9% de los casos analizados.

En este sentido, los expertos llaman la atención sobre las cifras que determinan que, del total de 129 delitos objeto de condena analizados por el Supremo, sólo dos (el 1,5%) se referían a delitos de adultos que contactan con menores con fines sexuales usando las tecnologías; y no había ninguno referente a aquellas personas que llevan a un menor a participar o presenciar actos de naturaleza sexual.

«El Observatorio considera necesario hacer un análisis de las razones por las que tales fenómenos no están siendo denunciados o no están siendo investigados correctamente, pese a estar tipificados como delitos desde hace años», indica el organismo del CGPJ.

En este sentido, también propone «llevar a cabo actividades formativas específicas sobre delitos sexuales con víctimas menores de edad».

REVISIÓN DE LOS PROTOCOLOS ESCOLARES

Entre las medidas que el Observatorio quiere poner en marcha está la de establecer indicadores que permitan una detección precoz del riesgo de sufrir violencia sexual. A su juicio, esta herramienta debería complementarse con el especial deber de vigilancia y tutela hacia los menores que recae sobre todos los operadores jurídicos, por lo que, según ha indicado, resultaría «imprescindible» fortalecer la coordinación con otros sectores sociales y, de forma específica, con pediatras y médicos de atención primaria y colegios.

El Observatorio ha recordado que «los menores son un colectivo que, tal y como muestran las estadísticas, sufre una mayor indefensión», ya que «solo el 3% de los delitos cometidos sobre menores fueron denunciados por la víctima».

A este dato, según ha explicado, se añade que sólo el 6% de los hechos fueron detectados por aplicación de los protocolos escolares, lo que, en su opinión, obliga a plantear la conveniencia de analizar su efectividad. En este sentido, los expertos creen que los centros escolares deben ser una «punta de lanza» en esta detección.

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