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lunes, 28 noviembre 2022

El portavoz de los obispos, sobre el millar de bienes del listado de inmatriculaciones: «Nunca se habla de devolución»

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El secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, ha asegurado que «nunca se habla de devolución» de un millar de bienes, sino que lo que la Iglesia le ha trasladado al Gobierno es que, en el listado de los casi 35.000 bienes inmatriculados, se le han adjudicado erróneamente a la Iglesia bienes que no son suyos, porque están bajo pantanos, porque fueron vendidos o porque no les consta tener la titularidad de los mismos.

«En el texto común, preparado por los técnicos del Gobierno y de la CEE nunca se habla de ese término (devolución). En el gran listado que se nos ofreció hay unas deficiencias que ahora estudiarán con atención y después se producirán los ajustes correspondientes», ha explicado Argüello este martes en declaraciones a la COPE recogidas por Europa Press.

Argüello también ha explicado que en muchos casos «había duplicados», en otros «faltaba información» y también han detectado «algunos casos curiosos de algunos templos que están actualmente bajo pantanos y por eso no forman parte de la propiedad, ni de los ciudadanos ni de la Iglesia».

«Estas incidencias se las hemos entregado al Gobierno y las hemos hecho públicas y el documento está colgado en la página web de la CEE», ha precisado el también obispo auxiliar de Valladolid.

En total, la Iglesia ha encontrado unas 2.500 «incidencias» en el listado de casi 35.000 bienes inmatriculados que el Gobierno publicó hace un año y entregó al Congreso.

«Es más bien la Conferencia Episcopal Española que ha querido llamar la atención. De los casi 35.000 bienes que aparecen en el listado, nosotros los hemos sido revisando todos, uno por uno, los hemos distribuido por diócesis, y hemos descubierto que había incidencias en casi 2.500 de esas fincas inmatriculadas», ha precisado.

Estas incidencias, según ha añadido, «han sido acogidas de manera pacífica por los propios técnicos del Gobierno que además han reconocido que la Iglesia, en este proceso inmatriculador, había seguido la legislación vigente».

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