El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha pedido al ministerio de Educación y Formación Profesional que active el plan de inclusión educativa del alumnado con discapacidad previsto en la Ley Orgánica 3/2020, de 30 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Una delegación del CERMI ha mantenido esta semana una reunión con la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, en la que ha explicado a la ministra las propuestas de enmiendas del CERMI presentadas a los grupos políticos del Senado, para la mejora del proyecto de Ley Orgánica de Formación Profesional, cuyo debate y aprobación están en estos momentos en curso de la Cámara Alta.
Otro asunto abordado en la reunión, planteado por el CERMI, se ha referido al condicionamiento de todas las estrategias, programas de cooperación y transferencia de fondos estatales por parte del ministerio a las comunidades autónomas a que se observen por estas todas las medidas de inclusión y accesibilidad a los entornos y contenidos educativos, para minimizar la brecha que sufre el alumnado con discapacidad.
En esta reunión, el CERMI también ha instado al ministerio a modificar la regulación del régimen general de becas y ayudas al estudio para que todas las medidas de acción positiva se extiendan a la totalidad del alumnado con discapacidad desde el 33 por 100 de grado, sin limitarlas a porcentajes muy superiores, para no dejar a ninguna discapacidad sin cobertura.
El CERMI también ha urgido al Instituto Nacional de Estadística (INE) a concluir y presentar la nueva Encuesta sobre Discapacidad, Autonomía Personal y Dependencia, que actualice la última disponible de 2008, pues los datos oficiales sobre discapacidad están absolutamente desfasados. Esta actualización debería haberse realizado en 2018, una década después de la de 2008, así que hasta el momento acumula un retraso de 4 años.
Para el CERMI, contar con datos actuales y fieles sobre la realidad de las personas con discapacidad resulta esencial no solo para tener un conocimiento exacto de estas situaciones sino para tomar decisiones acertadas de política pública y promover legislaciones adecuadas a los fenómenos sobre los que se quiere actuar.
De hecho, este Comité llevará a cabo en 2022 el primer estudio amplio e integral sobre el capacitismo, la principal estructura mental de exclusión de las personas con discapacidad sobre la que apenas hay investigaciones solventes. En este estudio se tratará de documentar cómo opera el capacitismo en la exclusión de las personas con discapacidad.
Asimismo, el boletín 469 recoge una noticia que hace referencia a la publicación de un informe del Instituto de Derechos Humanos Gregorio Peces-Barba de la Universidad Carlos III de Madrid, en el que se subrayan varios aspectos «anacrónicos» y contrarios a los estándares internacionales sobre derechos de las personas con discapacidad en la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.