Abogados de víctimas de siniestros alertaron en enero de que el Ejecutivo pretendía «recaudar impuestos con las indemnizaciones».
El Gobierno asegura que el anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia «no modifica el tratamiento tributario de las indemnizaciones que perciben las víctimas de accidentes de tráfico, que seguirán exentas en la misma medida y con las mismas condiciones que reconoce la normativa actual».
Así lo ha indicado el Ejecutivo en respuesta a una pregunta por escrito del Grupo Parlamentario VOX, que ha recogido la denuncia planteada en enero por la Asociación Nacional Abogados de Víctimas de Accidentes y Responsabilidad Civil (ANAVA-RC). La entidad alertó entonces de que en la Disposición final segunda de esa norma se incluye una modificación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), que supondría un grave impacto para los perjudicados por ese tipo de accidentes al gravar las indemnizaciones.
En la pregunta parlamentaria, recogida por Europa Press, el partido VOX quería saber si el Gobierno de Pedro Sánchez va a remitir al Parlamento un anteproyecto de ley que, a su juicio, «supondría un gasto extra para el indemnizado, riesgo de tributación y además una posible saturación de los juzgados».
El Ejecutivo ha aclarado que la modificación incluida en la Disposición «en ningún caso debería interpretarse en el sentido de que, ahora, las indemnizaciones por accidentes de tráfico acordadas al margen del sistema judicial requerirán la ‘intervención de un tercero neutral y elevar el acuerdo a escritura pública'». «Como se ha dicho anteriormente, la tributación de las indemnizaciones de los accidentes de tráfico se mantiene igual que hasta ahora», ha zanjado.
El pasado enero, la Asociación Nacional Abogados de Víctimas de Accidentes y Responsabilidad Civil (ANAVA-RC) alertaba de que el Gobierno pretendía «recaudar impuestos con las indemnizaciones» de las víctimas de siniestros viales. Así lo advertía la entidad, que informaba de que ya había enviado sendos escritos de protesta al secretario general técnico del Ministerio de Justicia, Jacobo Fernández, y al director general de Seguros, Sergio Álvarez, manifestando su «más radical oposición» a una proposición de reforma legal referida al IRPF.
UN DAÑO IRREPARABLE PARA LAS VÍCTIMAS
«Su puesta en marcha causaría un daño irreparable a las víctimas de accidentes de tráfico y, muy especialmente, a los lesionados graves», aseguraba la asociación ANAVA-RC, que engloba a más de 200 despachos de abogados de víctimas de toda España y con mayor representatividad en este sector.
En un comunicado, recogido por Europa Press, ANAVA-RC trasladaba su «preocupación» por la redacción de la Disposición final segunda del anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia, firmado por el anterior titular del Ministerio de Justicia, Juan Carlos Campo, y aprobado por el Consejo de Ministros el 15 de diciembre de 2020.
Según detallaba la asociación, en la citada disposición, «de forma escondida, se realiza una importante» modificación de la Ley 35/2006 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, «que no tiene en consideración el grave impacto económico que supondría para estas víctimas, para los perjudicados en caso de fallecimiento e incluso para las aseguradoras».
«No tiene en cuenta que los perjudicados o víctimas en accidentes de circulación, lamentablemente, sufren unos perjuicios personales y patrimoniales en el momento en el que sufren un accidente de circulación por culpa de un tercero, y lo que pretende la indemnización es precisamente compensar esa disminución patrimonial con la restitución íntegra de los daños y perjuicios sufridos, dejando a la víctima, en la medida de las posibilidades de la norma vigente (Art. 33 de la Ley 35/2015, de 22 de septiembre), en la misma posición que estaba antes de tener el accidente», apuntaba Manuel Castellanos, presidente de ANAVA-RC.
Por otro lado, ANAVA-RC explicaba que el anteproyecto de Ley introduce cambios en el trámite de los acuerdos amistosos extrajudiciales entre las aseguradoras y los perjudicados que «incrementarían los costes de los mismos, pues introduce la intervención de una figura denominada un ‘tercero neutral’, sin definición alguna de su función o cometido, y exige ‘escritura pública’ cuando el pago lo realiza una entidad aseguradora».
Avisaba también de que al tributar las indemnizaciones conseguidas en los acuerdos amistosos, «lo que generaría es un desbocado aumento de litigios, pues los ciudadanos deberían esperar a la sentencia judicial para que su indemnización quede exenta de tributación, cargando más, si cabe, a la ya desbordada administración de Justicia».
Tras la queja de la asociación, el Ministerio de Justicia ya aseguró estar valorando distintas observaciones y abierto a estudiar modificaciones. Fuentes del departamento dirigido por la ministra Pilar Llop indicaron a Europa Press que desde el Ministerio y el Gobierno ya estudiaban las observaciones realizadas al respecto, recordaron que siempre se apoya a las víctimas y advertían de que el anteproyecto está en la fase prelegislativa.