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martes, 23 abril 2024
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La identificación de víctimas o su derecho a la reparación social, entre las prioridades de Igualdad en la ley de trata

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La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha señalado este martes algunas de las prioridades en las que el Ministerio de Igualdad esta trabajando en relación a la nueva Ley Integral contra la trata y que estarían relacionadas con la identificación precoz de las víctimas de este delito, así como la necesidad de poner el «acento» en su derecho a la reparación social.

Rosell ha participado este martes en el seminario ‘Trata de seres humanos: un reto legislativo desde la perspectiva de género’ organizado por el Instituto de Estudios de Género de la Universidad Carlos III de Madrid, en donde ha reconocido que el marco estatal en esta materia, sin una normativa nacional, es todavía «insuficiente».

Aunque en su intervención ha puesto en valor las medidas para la acreditación civil de estas víctimas que el Ministerio de Igualdad puso en marcha en la pandemia y que estas tengan reconocidos derechos como el de asistencia jurídica, sí ha señalado la necesidad de «poner el acento» en otros derechos que en el país no están tan desarrollados.

En este sentido, ha hablado el derecho de no devolución, a un retorno seguro y asistido, a la protección internacional, y a la reagrupación familiar y a la vida familiar, así como a una atención accesible.

En este sentido, Rosell ha reconocido como uno de estos derechos «poco desarrollados», el de «la reparación» que, a su juicio, no debe ser solo personal y económica, sino «social». Una reparación que, según ha apuntado, debe desvincularse de la compensación judicial.

UN MECANISMO MULTIAGENCIA

En este sentido, ha insistido en la «acreditación civil» que se puso en marcha durante la pandemia y que se ha reconocido más allá de la identificación formal que, tal y como ha indicado la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, está reservada para las fuerzas y cuerpos de seguridad.

Esta identificación civil, tal y como ha explicado Rosell, ha permitido que las entidades y ONG pudieran identificar a las víctimas de trata con necesidad de «atención especial en ese momento» y, de este modo, entrar «en la red social de ayudas» previstas, como por ejemplo el Ingreso Mínimo Vital (IMV).

En relación a la identificación, Rosell también ha hablado de un documento de Amnistía Internacional en el que se hacía un diagnóstico sobre los problemas de la detección de las víctimas y se llamaba a extremar las diligencias ante los posibles flujos migratorios en los que podían viajar mujeres que, tal y como señalan los expertos, no se van a identificar como víctimas porque no son conscientes de la situación o porque en su situación de vulnerabilidad no se van a autoidentificar.

En este sentido, según ha indicado Rosell, la entidad apuesta por la creación de un mecanismo multiagencia con formación en derechos humanos y trata para la detección e identificación de las víctimas de esta violencia. Una herramienta que, según ha explicado, es lo que el Ministerio «cree que debe ir» en la futura ley integral sobre la trata en la que está trabajando.

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