Las fiscalías autonómicas han remitido alrededor de medio centenar de casos abiertos de abusos sexuales a menores por parte de religiosos, según han informado a Europa Press fuentes de los distintos departamentos, en cumplimiento del requerimiento de la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado.
Este lunes finalizó el plazo de diez días que dio la Fiscalía General del Estado (FGE) a las diferentes fiscalías superiores (17) para que recaben y aporten los datos sobre agresiones y abusos sexuales a menores de edad en instituciones religiosas. La intención del Ministerio Público, según avisaba en el oficio que remitió, es tener una visión global de la situación después de las noticias aparecidas en medios en las últimas semanas.
Fuentes de la FGE señalan a Europa Press que una de las razones de esta petición de información a las diferentes fiscalías es la de provocar un cierto «efecto llamad»a en las víctimas, de manera que sepan que no están solas ante este tipo de casos y que el Ministerio Público está pendiente, persigue y se ocupa de estas denuncias.
Además, indican que una vez acabado el plazo de 10 días, ahora comienza una labor de estudio de los datos que se traducirá en un informe cuantitativo y que tendrá también una derivada de análisis de la situación actual de este tipo de fenómeno delictivo que, aseguran, preocupa a la sociedad.
Tres fiscalías del territorio de la Comunidad de Madrid, la de Madrid, Alcalá de Henares y Getafe, cuentan con procedimientos a religiosos, sacerdotes y docentes por la presunta comisión de abusos sexuales a menores en instituciones. Así consta en el oficio que remitió el pasado viernes la Fiscalía de la Comunidad de Madrid a la Fiscalía General del Estado.
Por su parte, la Fiscalía Superior de Cataluña remitió el pasado 11 de febrero a la FGE un total de 14 procedimientos judiciales o diligencias de investigación en trámite por delitos de abusos o agresiones sexuales a menores en instituciones religiosas.
Mientras, la Fiscalía Superior del País Vasco ha remitido cuatro casos sobre agresiones y abusos sexuales a menores de edad en instituciones religiosas.
Además, la semana pasada se conoció que la Fiscalía de Baleares había remitido ya a la FGE cinco casos relacionados con abusos vinculados a la Iglesia católica, dos de los cuales estarían conectados entre sí. Así lo confirmaron en Palma, en declaraciones a los medios, tanto Delgado como el Fiscal Superior de Baleares, Bartolomé Barceló.
Por su parte, la Fiscalía de Galicia ha remitido a la Fiscalía General del Estado la información de un total de siete procedimientos penales en tramitación sobre delitos de agresión o abuso sexual a menores en el seno de congregaciones, colegios o cualquier otra institución religiosa. Se trata de siete procedimientos que están a trámite en los juzgados de instrucción de la Comunidad gallega, a raíz de denuncias interpuestas, según aclararon fuentes consultadas por Europa Press.
También la Fiscalía de Castilla-La Mancha remitió una relación de los procedimientos penales en tramitación en las fiscalías territoriales de la región, incoados tanto en sede judicial como fiscal, que tienen por objeto el esclarecimiento de denuncias o querellas por la supuesta comisión de agresiones y abusos sexuales a menores de edad en el seno de congregaciones, colegios o cualquier otra institución religiosa.
Asimismo, la Fiscalía Superior de Andalucía, Ceuta y Melilla ha comunicado a la Fiscalía General del Estado que tiene abiertas en estos momentos cinco causas de investigación sobre presuntas agresiones y abusos sexuales a menores cometidos en el seno de congregaciones, colegios o instituciones religiosas.
Mientras, Canarias envió este lunes su informe y, en principio, hay dos casos abiertos en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
Por su parte, la Fiscalía de Extremadura ha notificado que, en la actualidad, no está abierto ningún procedimiento penal en la región que tenga relación con posibles abusos sexuales a menores cometidos en el seno de congregaciones, colegios o cualquier otra institución religiosa. La notificación la ha realizado el fiscal superior de Extremadura, Francisco Javier Montero Juanes. Tampoco hay casos abiertos en Asturias y La Rioja.