La norma consolida la FP dual y establece una oferta modular flexible dividida en cinco grados.
El Pleno del Senado ha aprobado este miércoles de manera definitiva el proyecto de Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional, al no introducirse ninguna de las más de 300 enmiendas presentadas al proyecto. Han votado a favor PSOE, Cs, PNV, Compromís, PRC, el Grupo de Izquierda Confederal, mientras que Vox y ERC se han abstenido. El proyecto ha contado con el único voto en contra del PP.
La nueva Ley, que consolida la FP dual, establece una oferta modular de Formación Profesional ordenada en itinerarios formativos que permiten la progresión a través de cinco grados ascendentes (A, B, C, D y E).
El grado A conducirá a la obtención de una acreditación parcial de competencia; el B implicará la obtención del certificado de competencia profesional referido a un módulo profesional; el C reúne varios módulos y conduce a la obtención de un Certificado Profesional; el D se corresponde con los ciclos formativos de Formación Profesional; y en el grado E se integrarán los cursos de especialización.
Pero la principal novedad es que la FP será dual, es decir, se compatibilizarán los estudios con las prácticas en empresas. En concreto, toda la oferta de los grados C y D tendrá carácter dual, mientras que los grados A, B y E podrán o no tener dicho carácter dual, en función de las características de cada formación.
Esta formación profesional dual será de dos tipos: genérica o intensiva. Será FP dual genérica cuando la duración de la formación en la empresa sea de entre el 25% y el 35% de la duración total de la formación y cuando la participación de la empresa en el currículo no supere el 20%. Además, no podrá haber contrato de formación en la empresa.
La modalidad intensiva será aquella en la que la formación en el centro de formación profesional se alterne con la formación en la empresa, siendo esta última retribuida en el marco de un contrato de formación «de acuerdo con lo establecido en la legislación laboral correspondiente». En este tipo de formación intensiva, las prácticas tendrán que ser superiores al 35% de la duración total de la formación, y la empresa participará en más del 30% de los contenidos.
Asimismo, el proyecto contempla que las Administraciones públicas deberán «establecer y mantener una oferta pública, tanto presencial como virtual o mixta que garantice el acceso a la formación profesional».
PROFESORADO TÉCNICO DE FP
La nueva Ley incluirá la creación de un nuevo cuerpo docente, denominado ‘Profesores especialistas en sectores singulares de la Formación Profesional’, que estará englobado en el grupo funcionarial A2 y en el que estarán incluidas 10 especialidades.
De este modo, el Gobierno da cabida en el sistema a los profesores técnicos de FP que no cuentan con título universitario, ya que este cuerpo docente pasará a integrarse en el cuerpo de docentes de Secundaria, para cuyo acceso es requisito tener titulación universitaria, y no todos ellos la tienen.
Hasta ahora, las 54 especialidades docentes de Formación Profesional estaban divididas en dos cuerpos: 25 especialidades que pertenecían al cuerpo de profesores de enseñanza secundaria (grupo funcionarial A1) y 29 que pertenecían al cuerpo de profesores técnicos (grupo funcionarial A2).
«SÓLO EXISTE UN PP, EL DE LA NEGACIÓN»
Al Pleno ha asistido la ministra de Educación y FP, Pilar Alegría, que ha tomado la palabra tras los turnos de portavoces.
Alegría ha señalado que esta ley es una «ley estratégica y un proyecto de país». «Nuestro país tenía una deuda histórica con la Formación Profesional, la aprobación futura de esta ley va a en el buen camino», ha manifestado, recordando que esta norma posibilitará «una formación de calidad» que permitirá a los estudiantes acceder a «un futuro empleo digno y bien remunerado».
La ministra ha concluido su intervención afeando al PP que no haya votado a favor de la ley, aprovechado así la «oportunidad» de tener un «gesto positivo». «Sólo existe un PP, el de la negación y la crispación», ha dicho.
Desde el PSOE, Saturnina Santana ha defendido que esta Ley pretende «mejorar la vida laboral y personal de cada persona que quiera formarse» porque supone un «salto de gigante» en el modelo de la Formación Profesional, que hasta ahora era considerada «de segundo nivel». Mientras, la senadora Eva María Granados ha asegurado que esta ley nace «fruto del consenso» externo a las Cámaras legislativas.
Por su parte, la senadora ‘popular’, María Paloma Adrados, ha lamentado que «el proyecto es muy mejorable», reprochando a los partidos de Gobierno que no hayan admitido ninguna de las enmiendas presentadas y de realizar un «máster en ninguneo» hacia el Senado. Así, ha acusado a estos de tener «soberbia» y de apoyar una ley «cargada de ideología» cuando se trataba, a su juicio, de un proyecto de carácter más «técnico».
También en contra se ha posicionado Vox. Su senador, José Manuel Marín Gascón, ha vuelto a insistir en la eliminación de las referencias al lenguaje inclusivo en la ley y lo que su grupo considera «ideología de género», al tiempo que ha mostrado su preocupación por la situación de aquellos profesores técnicos de FP que no cuentan con titulación universitaria. Marín Gascón, no obstante, considera que una nueva norma sobre la FP es «necesaria» y, por tanto, ha anunciado la abstención de su grupo.