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sábado, 27 abril 2024
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Bruselas continúa su examen de la propuesta para la luz de España y Portugal sin fecha para respuesta

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La Comisión Europea continúa analizando la petición de España y Portugal de poder limitar el precio de referencia para el gas en 30 euros el megavatio (MWh) como medida temporal para abaratar el precio de la luz, si bien ha avisado de que no se ha fijado por el momento un plazo para responder a Madrid y Lisboa.

«No tenemos aún una respuesta y no estamos en disposición de dar la fecha en la que responderemos», ha indicado la portavoz del Ejecutivo comunitario Dana Spinant, al ser preguntada en una rueda de prensa sobre si Bruselas tiene ya una opinión de la iniciativa hispano-lusa presentada hace dos semanas.

El Ejecutivo comunitario mantiene que trata este asunto con carácter de «urgencia», por lo que «todos los equipos trabajan en ello» y estudian lo detalles con el objetivo de «ofrecer una respuesta a los Gobiernos sobre el resultado», aunque «hoy por hoy no hay una fecha».

Madrid y Lisboa hicieron llegar hace dos semanas a Bruselas la idea de un mecanismo de ajuste con el que limitar el precio de referencia para el gas en 30 euros por MWh, según anunció entonces la vicepresidenta del Gobierno responsable de Transición Ecológica, Teresa Ribera, quien consideró que el precio de la luz se podría contener «en tres o cuatro semanas».

En la última cumbre de líderes de la UE a finales de marzo, España y Portugal lograron de sus socios el reconocimiento político de la excepcionalidad ibérica por su situación de «isla energética», si bien quedó en manos de los servicios de competencia de la Comisión Europea examinar y validar las posibles medidas que pudieran tomar sus gobiernos de manera temporal.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijo días después del Consejo europeo que esperaba que Bruselas diera luz verde a la propuesta detallada en un breve plazo y afirmó que tendría «efectos inmediatos en las facturas de la luz de los ciudadanos». El Gobierno, además, sostiene que el coste de la medida sería asumido por el propio sistema energético, por lo que no exigiría ni subvenciones ni ayudas públicas.

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