El grupo parlamentario popular en el Congreso ha presentado una Proposición de Ley por la que pide modificar la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, para que la aportación anual de la Administración General del Estado a la financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) sea igual a la de las comunidades autónomas.
Según explica la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, en la iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, durante los años de vigencia de esta ley «la carga mayoritaria del mantenimiento del sistema ha recaído en las comunidades autónomas».
«Esto significa que el Gobierno de España nunca ha aportado la misma cantidad que los Gobiernos de las Comunidades Autónomas a la financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD)», precisa Gamarra.
Según puntualiza, citando los datos recogidos en el XXI Dictamen del Observatorio Nacional de la Dependencia 2021, elaborado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, en 2020, la aportación de las CCAA al sistema de Dependencia fue de 5.869 millones de euros frente a los 1.383 millones de la Administración General del Estado.
Si bien, según recuerda, la pretensión de la norma era garantizar que la aportación fuera «igualitaria, para la Administración General del Estado y para las administraciones autonómicas».
Por ello, el PP pide la modificación del apartado 3 del artículo 32 de dicha ley quedando la redacción como sigue: «La aportación de la Administración General del Estado será, para cada año, igual a la de la comunidad autónoma como consecuencia de lo previsto en este apartado y en el anterior».
Según recuerda el grupo parlamentario popular en el texto de la proposición de ley, citando datos del IMSERSO, a 28 de febrero de 2022, en España había 1,4 millones de personas beneficiarias con derecho a prestación reconocida por situación de dependencia, de las que 1,2 millones ya la están percibiendo, mientras que 85.319 personas de los grados II y III están pendientes de recibir la prestación.
Además, señala que hay 107.920 personas pendientes de recibir la prestación del grado I, lo que supone un 22,09% del total de las personas beneficiarias de grado. Por lo tanto, puntualiza, existen 193.239 personas beneficiarias que están en lista de espera.