Insiste en derogar los Acuerdos entre el Estado y la Santa Sede y que se recabe más información sobre bienes inmatriculados de la Iglesia.
Unidas Podemos reclama en el Congreso el impulso de una ley orgánica de Libertad de Conciencia que «garantice la laicidad» del Estado y que el patrimonio con categoría de interés cultural en posesión de las instituciones eclesiásticas se declaren de dominio público.
También solicita derogar los Acuerdos entre España y la Santa Sede de 1979, así como los pactos existentes de este tipo con las confesiones minoritarias.
Así lo plantea el grupo confederal mediante una proposición no de ley, impulsada por el diputado Txema Guijarro, para su debate en la Comisión Constitucional y que, además, exige recabar de los registros de propiedad el listado y notas simples de todos los bienes inmatriculados por la Iglesia católica desde 1946 a 1998, al amparo del artículo 206 de la Ley Hipotecaria vigente en ese periodo.
En esta iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, demanda acometer las modificaciones legislativas oportunas para recuperar esos bienes inmatriculados, como ya ha planteado en otras iniciativas.
Pero también demanda cambios normativos para que los bienes que constituyan patrimonio históricoo declarado de interés cultural, y que estén en posesión de la Iglesia, pasen a las administraciones y mediante la declaración de dominio público.
Por otro lado, Unidas Podemos pide el impulso del Congreso de los Diputados a un proyecto de ley que garantice la laicidad del Estado y la libertad de conciencia de las personas «independientemente de sus convicciones».
Esta propuesta normativa es un compromiso que la formación ha planteado años atrás y que, por ejemplo, figura en su programa electoral desde 2016 y también es un punto del acuerdo de coalición, que en su punto 5.5 especifica la aprobación de una Ley sobre Libertad de Conciencia que garantice la «neutralidad» frente a todas las confesiones religiosas.
«HERENCIA PERSISTENTE DEL NACIONAL-CATOLICISMO»
Mediante la exposición de motivos de la PNL, Guijarro relata que desde la aprobación de la Constitución en 1978, España «acusa una carencia de legislación en materia de libertad de conciencia», que cubra «todo tipo de convicciones personales», así como «regular la laicidad institucional y la correspondiente separación Iglesia-Estado».
Esta situación, relata el parlamentario, es fruto «en gran medida del pasado dictatorial nacional-católico, un anacronismo que debe ser superado para equiparar al país con los Estados del entorno».
De hecho, recalca que Ley de Libertad Religiosa recoge la libertad ideológica y de culto, pero no es suficiente y responde a un contexto histórico, pues su aprobación fue en 1980, «ya superado», dado que España ha avanzado en «pluralidad en cuestiones ideológicas, religiosas y de opciones de pensamiento».
Por todo ello, Guijarro afirma que es necesaria la promulgación de una ley de libertad de conciencia, «con el fin de superar el vacío legal soportado hasta el momento, regulando la libertad de pensamiento y conciencia, a nivel tanto individual como colectivo, y a su vez actualizar la legislación referente a la libertad religiosa, al igual que la necesidad de garantizar un tratamiento igualitario para toda la diversidad de la sociedad española en este aspecto».
«Todo ello debería hacerse bajo un mismo paraguas, debido a que todas estas realidades se corresponden con un mismo concepto: la libertad de conciencia. La nueva ley debe ser extensiva y sensible a todas las opciones de conciencia y pensamiento posibles, sustituyendo a Ley de Libertad Religiosa», razona.
De esta forma, también pide la supresión de los Acuerdos con la Santa Sede por lo que suponen de «clave de bóveda de los privilegios de todo tipo de la Iglesia católica», como «herencia persistente del nacionalcatolicismo».
Respecto a las inmatriculaciones, la iniciativa recuerda que se realizaron un total de 34.961 a favor de la Iglesias entre 1998 y la entrada en vigor de la actual normativa en 2015, de los cuales 20.014 son templos y el resto otro tipo de fincas.
Además, el informe elaborado por el Ejecutivo no abarca todo el ámbito competencial desde 1946, por lo que sospecha que la incidencia real de las inmatriculaciones es «aún mayor». Finalmente, califica de «insuficiente» la cifra de un millar de bienes sobre los que la Iglesia dice que no le consta su titularidad o que corresponden a terceros.