La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha señalado este miércoles, tras hacerse público el indulto concedido por el Gobierno a la presidenta de Infancia Libre, María Sevilla, que el Estado «tiene una deuda» con «las madres protectoras» y que este ha de «ser capaz de proteger» a estas mujeres.
Preguntada por este tema por los periodistas, durante el acto de inauguración de la nueva sede del Instituto de las Mujeres, la ministra ha lamentado que en el país «se ha criminalizado a María Sevilla, Maria Salmerón, Irune Costumero o Juana Rivas», así como a «Infancia Libre y asociaciones feministas que han defendido a las madres protectoras».
A su juicio, es gracias a que estas mujeres han luchas «solas» y han tenido «la mano tendida» por parte del movimiento feminista, es por lo que actualmente España puede tener «instituciones conscientes» de esa deuda que, a su juicio, el Estado tiene con estas mujeres que «se protegen a sí mismas y a sus hijos de la violencia machista».
Por otra parte, durante el acto también ha sido preguntada por el aumento de violaciones grupales a jóvenes en las últimas semanas, un tema sobre el que ha señalado que su departamento «va a seguir trabajando sin descanso» para que «no haya ningún» nuevo caso de violencia sexual y esta sea «erradicada» de la sociedad.
Del mismo modo, ha indicado la importancia de que este jueves se apruebe en el Congreso la Ley de Garantías de la Libertad Sexual, conocida como Ley ‘solo sí es sí’, que, según ha explicado, recoge las reivindicaciones del movimiento feminista en esta materia.
En este sentido, ha destacado que esta norma «pone el consentimiento en el centro», permitirá que la Justicia «no pueda distinguir entre abuso y violación» dependiendo de si la mujer ha presentado o no resistencia a su agresor y ofrecerá a todas las víctimas, sin necesidad de denuncia, acompañamiento psicológico y acompañamiento jurídico, entre otros.
Montero ha recordado que este martes en el Consejo de Ministros se ha aprobado una partida de más de 46 millones de euros que se repartirán entre las comunidades autónomas para la puesta en marcha y acondicionamiento de los centros de atención a víctimas de violencia sexual.