El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha pedido al ministerio del Interior que favorezca una mayor implicación de las organizaciones cívicas y sociales en el despliegue del II Plan contra los Delitos de Odio.
«Así los objetivos perseguidos tendrán más posibilidades de lograrse», ha señalado la entidad.
El CERMI ha trasladado esta idea al departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska durante la reunión que han tenido este lunes para tratar el tema del Plan.
En concreto, la organización ha defendido en el encuentro la legitimidad social y el conocimiento experto que poseen estas organizaciones cívicas sobre los grupos sociales más expuestos a ser víctimas de los delitos de odio, como el de las personas con discapacidad.
Además, ha explicado que el aporte que pueden realizar las organizaciones cívicas en la aplicación del Plan es «enormemente beneficioso tanto en el análisis de las situaciones de partida como en la formulación de propuestas de actuación».
Es por esto que, según ha insistido el CERMI, el Ministerio del Interior debe sellar una alianza público-cívica que proteja y aliente esta colaboración para la elaboración del II Plan contra los Delitos de Odio.