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viernes, 29 marzo 2024
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El BOE publica la autorización de trasvasar 10hm3 del Tajo al Segura durante el mes de agosto

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El Boletín Oficial del Estado publica este martes el acuerdo adoptado el pasado 4 de agosto en la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura (ATS) donde se autorizó trasvasar 10 hectómetros cúbicos (hm3) durante el mes de agosto, 2,5 hm3 para regadío y 7,5 hm3 para abastecimiento, tras constatar que la situación hidrológica excepcional (nivel 3) y que esta se mantendrá previsiblemente durante los próximos seis meses.

En la reunión se analizó la situación hídrica que es de nivel 3, «excepcional» y se realizó una valoración técnica de la situación. El informe realizado por el CEDEX para este mes de agosto, conforme a la información facilitada por la Confederación Hidrográfica del Tajo, las existencias efectivas en el conjunto de embalses de Entrepeñas-Buendía el día 1 de agosto de 2022 ascienden a 538,4 hm3, siendo este valor inferior al de referencia de 661 hm3 de paso entre los niveles 2 y 3 fijado en el Real Decreto 773/2014 para el mes de agosto y superior al umbral de 400 hm3 de reservas no trasvasables, por lo que se constata la situación hidrológica excepcional, nivel 3.

Además, en la reunión se analizó la situación hídrica y se tomó nota de que esta situación previsiblemente se mantendrá durante el resto del semestre.

Aunque con situación de nivel 3 podría autorizarse un trasvase al Segura de hasta 20 hectómetros cúbicos de forma discrecional pero motivada, la Comisión ha autorizado una transferencia de agua de la mitad.

De acuerdo con el informe del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDES), se ha conformado que a fecha de 1 de agosto hay un volumen de agua trasvasada disponible en la cuenca del Segura para abastecimientos y regadíos de 41,3 hm3 y un volumen autorizado pendiente de trasvasar para esos usos de 45,3 hm3.

En consecuencia, se ha autorizado un trasvase desde los embalses de Entrepeñas-Buendía de 10 hectómetros cúbicos, en aplicación de los principios de prevención y precaución que deben presidir la acción de las Administraciones Públicas.

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