Vox ha denunciado este viernes, un día después de que el Congreso aprobada de forma definitiva la Ley de Garantías de la Libertad Sexual, conocida como Ley de ‘solo sí es sí’, que esta norma «esconde» la concesión de «más dinero para las asociaciones feministas», una «intromisión en la educación» o que los jueces sean «sustituidos por trámites».
Tal y como ha explicado la formación, su presidente, Santiago Abascal, advirtió «hasta minutos antes de la votación» de la ley que se trata de una norma «ideológica y sectaria, que busca ahondar más el enfrentamiento entre hombres y mujeres, y que no va a salvar a ninguna mujer».
A su juicio, bajo la falsa excusa de proteger a las mujeres de las agresiones sexuales, impone obligaciones a todos los sectores sociales, lo que, en su opinión, servirá como coartada para poder supervisar desde el Consejo de Ministros a la población española.
Para Vox, Montero pone la ley al servicio del movimiento feminista desde los principios rectores porque en el diseño, aplicación y evaluación de los servicios y las políticas públicas previstas en esta ley orgánica, se garantiza la participación de las asociaciones y organizaciones del movimiento.
EDUCACIÓN
Del mismo modo, critica que la ley supone «la integración de contenidos sobre educación sexual e igualdad de género y educación afectivo-sexual para el alumnado» y que esta sea «en todos los niveles educativos» y «siempre bajo la amenaza de inspección».
Desde Vox apuntan que esto «constituye una imposición totalitaria de tales contenidos educativos, en un ataque brutal al derecho de los padres a que la educación de sus hijos se desarrolle con respeto a sus propias convicciones».
Pero, además, advierten de que la Ley ‘solo sí es sí’ exige el cumplimiento de formación en relación con la violencia sexual, la acreditación de centros y títulos universitarios. Con esto, según ha apuntado Vox, no solo se profundiza en el «ataque a la libertad y calidad de la enseñanza», sino que «abre la puerta» a la «creación de más chiringuitos feministas».
Por otra parte, Vox alerta de que esta norma recoge que no serán los jueces quienes determinen si se ha producido o no violencia sexual, sino que entra en vigor la posibilidad de que las situaciones de violencias sexuales se puedan acreditar mediante informe de los servicios sociales, de los servicios especializados, de los servicios de acogida destinados a víctimas de violencia sexual de la Administración Pública competente, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en los casos objeto de actuación inspectora; o por cualquier otro título. Y en el caso de víctimas menores de edad, la acreditación podrá realizarse, además, por documentos sanitarios.
«INCENTIVO PERVERSO»
Los de Santiago Abascal han señalado que ley contempla que las comunidades autónomas reciban fondos para hacer efectivo el derecho a la reparación de las víctimas lo que, a su juicio, puede generar una especie de «incentivo perverso», puesto que «a más víctimas, más dinero».
«La Ley ideológica de Montero se aprovecha también para hacer efectiva una de sus banderas: la regularización masiva de ilegales», ha señalado también el partido, a través de un comunicado, en el que indica que la ley establece que si al denunciarse una situación de violencia de género o sexual contra una mujer extranjera se manifestara su situación irregular, no se incoará el expediente administrativo sancionador, y se suspenderá el expediente administrativo sancionador que se hubiera incoado o incluso se anulará la ejecución de las órdenes de expulsión o de devolución.
Finalmente, Vox habla de las consecuencias de esta aprobación para las empresas. Así, denuncian que las que adecuen su estructura y normas de funcionamiento a esta norma obtendrán el distintivo de ‘Empresas por una sociedad libre de violencia de género’ lo que, a su juicio, es «una nueva forma de inspección y otra posibilidad de abrir un chiringuito».