Más de 130 organizaciones europeas han organizado para el próximo 1 de octubre una marcha en Bruselas que, bajo el lema ‘Derechos! No muertes!’, tiene como objetivo protestar por la muerte de migrantes en las fronteras de Europa y demandar los derechos humanos y la regularización de las personas que viven y trabajan en el continente.
Tal y como han informado los organizadores, entre los que se encuentran ‘Caravana Abriendo Fronteras’ y ‘Salvamento Marítimo Humanitario-Proyecto Aita Mari’, la acción tendrá lugar frente al Parlamento Europeo, en la plaza de Luxemburgo de Bruselas a las 15.00 horas.
A través de un comunicado han denunciado que «más de 50.000 personas han perdido la vida desde 1993» en las fronteras europeas. Esta situación, a su juicio, es consecuencia de «las políticas migratorias que llevan a cabo la UE y los gobiernos de sus estados».
AUSENCIA DE VÍAS LEGALES Y SEGURAS
«La ausencia de vías legales y seguras, los acuerdos de externalización de las fronteras y la progresiva militarización de las fronteras provocan víctimas», han denunciado las organizaciones.
En este sentido, han recordado la reciente muerte de una joven subsahariana presuntamente tiroteada por la gendarmería marroquí cuando se disponía a viajar en patera hacia las Islas Canarias desde la playa de Akhfennir en Tarfaya (Marruecos); así como la muerte de una treintena de personas en la frontera del país africano con Melilla el pasado mes de junio.
Las entidades denuncian «la desprotección institucional y la falta de un marco que atienda a la dimensión transnacional» que, a su juicio, «ocasiona vulneraciones de derechos esenciales que afectan a la dignidad humana, los derechos ‘post mortem’ de quienes han fallecido y el derecho a conocer la verdad que ampara a las familias».
Por otra parte, critican la situación de «las personas que logran atravesar estas fronteras trabajan y viven durante largos años sin papeles y sin derechos». En este sentido, apuntan que «la situación de irregularidad supone una condena a la explotación laboral, la invisibilidad frente a las instituciones, la desprotección legal o la exclusión de servicios públicos como la educación y la sanidad».