La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, ha afirmado este viernes que la obligatoriedad de cotizar por retribuciones en especie que hasta ahora estaban exentas en todo o en parte, como los pluses de transporte o los planes y fondos de pensiones, aportará «transparencia e igualdad» a los salarios que perciben los trabajadores.
«De lo que se trata es de establecer un sistema de equidad y que los conceptos salariales, aunque sean diversas las fórmulas, respondan ante la Seguridad Social de una manera homogénea, porque no todas las retribuciones lo hacen de la misma manera», ha señalado Sáenz de Santamaría.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta fue preguntada en varias ocasiones por la posibilidad de que esta medida, aprobada a finales de diciembre, se traduzca en un freno a la creación de empleo, tal y como han denunciado los empresarios.
Sáenz de Santamaría se ha limitado a responder que el objetivo de esta medida es la transparencia, la igualdad y la equidad en las retribuciones de los trabajadores.
«Lo que busca la norma es dotar de transparencia a conceptos que deben ser salariales, que son objeto de los correspondientes gravámenes tributarios, y traducirlos al ámbito de las cotizaciones a la Seguridad Social. La valoración del Ministerio de Empleo es que (esta medida) da transparencia y sobre todo igualdad a los emolumentos que reciben los trabajadores por distintos conceptos y en diferentes formas», ha insistido.
La obligación de incluir en la base de cotización a la Seguridad Social ciertas retribuciones en especie reportará al sistema unos ingresos adicionales de unos 900 millones de euros anuales, según la memoria normativa del Real Decreto de medidas para favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores, en los que se incluye esta iniciativa.
El Gobierno entiende que la práctica «cada vez más extendida» de abonar una parte del salario en otro tipo de conceptos distintos al puramente monetario supone la imposición de una «carga injusta» sobre el sistema de la Seguridad Social.
«La persistencia de esta vía de elusión de la obligación de cotizar debilita los efectos de cualquier otra medida destinada a incrementar la cotización», añade el Ejecutivo en dicha memoria.
Así pues, el Gobierno estima que la recaudación derivada de esta medida ascendería a un importe global de aproximadamente 900 millones de euros, «lo cual contribuiría sensiblemente a la sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social a la vez que se avanza en la coherencia y equidad del mismo».