La Ley General de Telecomunicaciones ha quedado este martes aprobada de forma definitiva tras el debate en el Congreso de las enmiendas incluidas en el texto en el Senado, cambios que han conseguido el respaldo de PP, PSOE y CiU y que, entre otras cosas, refuerzan las competencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en materia audiovisual y de nuevas tecnologías.
El diputado ‘popular’ Javier Puente ha valorado que esta nueva ley, que proporcionará «mayor cobertura» de redes digitales a los ciudadanos de todo el país, así como «menores precios, mayor capacidad de elección del operador, más calidad en los servicios, la defensa de sus derechos como consumidores y que los servicios lleguen antes porque se facilita el despliegue de redes de nueva generación».
«Hemos obtenido una nueva ley de consenso entre la amplia mayoría de parlamentarios, y una ley que garantizará una mayor seguridad jurídica, que permitirá el fomento de la inversión y la creación de puestos de trabajo, que permitirá recuperar la unidad de mercado, que eliminará barreras en el despliegue de redes y en los trámites administrativos y que permitirá más coordinación entre administraciones», ha añadido.
CUBRE LAS PRINCIPALES RECLAMACIONES DE LA OPOSICIÓN
Por su parte, el socialista Félix Lavilla se ha congratulado de que la negociación haya permitido acordar un texto que satisface las cinco prioridades del PSOE: favorecer la creación de empleo, fomentar la economía digital y la I+D con el despliegue de redes, garantizar la cohesión social y territorial, mejorar la coordinación entre administraciones, incrementar la protección de los consumidores y dar un mayor control parlamentario a su cumplimiento.
Además, ha recordado el valor de una buena regulación de este sector para la economía nacional y para el fomento del empleo, y ha defendido que con el marco normativo acordado se consigue la seguridad jurídica necesaria para atraer inversiones.
Por su parte, Inmaculada Riera ha explicado que el tránsito de CiU desde la enmienda de totalidad hasta el apoyo ha sido posible gracias a los «cambios muy significativos» incorporados. «Ésta no era nuestra ley pero hoy nos parece que es más la ley de todos. Los cambios se producen si hay voluntad de diálogo y de una cierta cesión por parte de todos», ha destacado.
En este sentido, ha recordado que con una norma tan importante para el futuro del país no eran permisibles «visiones cortoplacistas» y ha insistido en que este proyecto constituye una «reforma estructural vital». «Esta ley otorga más seguridad jurídica y estabilidad a un sector determinante en el crecimiento social y en la competitividad económica», ha concluido.
LA SALUD PÚBLICA, LA «GRAN DERROTADA»
Para el diputado de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) Chesús Yuste, esta ley es «enormemente lesiva» porque «se ha optado descaradamente por desregular lo público para favorecer el despliegue de infraestructuras de telecomunicaciones como único objetivo, por encima de los más elementales principios de precaución y prudencia en materia de salud pública».
Además, el aragonés ha reprochado que con la «expropiación forzosa automática de las azoteas para instalar antenas» genera «indefensión» a los ciudadanos. «Ustedes no legislan para el interés general sino para el interés particular del oligopolio de las grandes corporaciones de telecomunicaciones. La salud pública es la gran derrotada», ha espetado a los ‘populares’.
El portavoz económico del PNV, Pedro Azpiazu, ha lamentado la «casi nula» negociación de este proyecto, aunque ha valorado que se haya conseguido salvaguardar al menos la protección de los operadores públicos de telecomunicaciones para que «no se vean impedidos para realizar su actividad como hasta ahora».
Rosana Pérez, del BNG, ha explicado que, a pesar de que el texto incluye algunas de sus propuestas, no pueden apoyarlo por el «descuido y falta de medidas de protección para la salud y el medio ambiente», así como por la invasión competencial y por la recentralización «intolerable» que conlleva.
Finalmente, el portavoz adjunto de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, ha reclamado que se abra un debate sobre la supresión del Senado ya que, a su juicio, el poco calado de las enmiendas que aporta (casi todas técnicas o de corrección de errores) no justifica la existencia de una segunda cámara «superflua» ni de todo el gasto que conlleva.
MÁS COMPETENCIAS PARA LA CNMC
Entre las enmiendas del Senado ha destacado el refuerzo de la independencia de la CNMC en el ámbito audiovisual gracias a la eliminación de la previsión de que las competencias que no hayan sido atribuidas expresamente a la Comisión o a cualquier otro organismo sean ejercidas por el Ministerio de Industria.
Así, el ‘superregulador’ ve reforzados sus poderes en las llamadas ‘competencias residuales’, que abarcan temas como el fraude en determinados servicios. Pero, además, ve afianzada su potestad sancionadora y se le reconocen expresamente funciones de asesoramiento y arbitraje, entre otras.
Por otra parte, el Senado ha ampliado de seis meses a un año el plazo de adaptación al nuevo régimen, y se incrementa la horquilla de las multas coercitivas que el Ministerio o la CNMC pueden imponer, de modo que en lugar de poder ir de 100 a 10.000 euros diarios, finalmente podrán ser de entre 125 y 30.000 euros diarios.
DESPLIEGUE DE REDES
Las negociaciones de las últimas semanas también han introducido cambios sobre la colaboración entre administraciones en el despliegue de las redes de comunicaciones electrónica, de modo que los despliegues aéreos como por las fachadas deberán realizarse en la medida de lo posible siguiendo las instalaciones previamente instaladas. Además, se prohíbe este tipo de despliegues en edificaciones del patrimonio histórico-artístico o cuando puedan afectar a la seguridad pública.
Por otra parte, se introduce una nueva disposición relativa a las estaciones radioeléctricas de radioaficionado, cuya instalación quedará sujeta a la Ley de Liberalización del Comercio, aprobada en diciembre de 2012 y que exime a ciertas actividades de obtener licencia administrativa, bastando para empezar a funcionar con una declaración responsable. Todo ello sin perjuicio de las exigencias de la Ley sobre regulación del derecho a instalar en el exterior de los inmuebles las antenas de las estaciones radioeléctricas de aficionados, de 1983, y su normativa de desarrollo.
EN TRAMITACIÓN DESDE SEPTIEMBRE
La Ley General de Telecomunicaciones plantea una simplificación administrativa para el despliegue de nuevas redes, la eliminación de trabas a la concesión de licencias y el fomento del uso compartido de infraestructuras entre compañías.
Con las enmiendas del Congreso, se vinculó la cuantía de las sanciones por infracciones graves o muy graves de los operadores a los beneficios obtenidos, con un tope de hasta 20 millones de euros, y se crearon nuevas infracciones. Asimismo, se clarificó el derecho de los usuarios a oponerse a recibir llamadas comerciales no deseadas.
Además, el Gobierno se compromete a garantizar que todos los hogares españoles tengan acceso a una velocidad mínima de Internet de 10 megabits por segundo (Mbps) en el año 2017 y a que, tres ejercicios más tarde, la banda ancha llegue a los 30Mbps y al menos la mitad del hogares puedan disponer de acceso a servicios de velocidades superiores a 100Mbps.
También tendrá que poner en marcha políticas coordinadas con las comunidades autónomas para incrementar la adopción y uso de la banda ancha ultrarrápida entre ciudadanos, empresas y administraciones, y de forma «prioritaria» en los centros de salud comarcales, las universidades públicas, los centros de Secundaria públicas y todas las bibliotecas públicas en la ciudad y comarcales, para que en 2016 tengan una capacidad de acceso funcional mínima de 30Mbps y de 100Mbps en 2020.