El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha asegurado este martes en el Congreso que la reducción de empleo público ha «tocado fondo» y que la nueva etapa de crecimiento económico requiere reforzar las plantillas de las que dependen servicios públicos esenciales.
Así lo ha asegurado durante su intervención en el Pleno de la Cámara Baja para defender la convalidación del decreto ley por el que se prevé una oferta de empleo público extraordinario y adicional para el impulso de la lucha contra el fraude fiscal y la aplicación de las medidas previstas en la ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.
Según el ministro, tras una etapa de contención de las plantillas en el marco de la austeridad económica general, con tasas de reposición cero que han permitido un ahorro este año de unos 200 millones de euros, ahora que comienza una «fase inicial de crecimiento económico, consecuencia directa de haber situado la lucha contra el déficit como prioridad de la política económica», lo que toca es «hacer un diagnóstico de las áreas públicas que es necesario reforzar y mejorar» para asignarles más trabajadores.
«No debemos confundir la necesaria austeridad con la descapitalización de la función pública. La fortaleza de la Administración es fundamental para la buena marcha del país, y unos empleados públicos cada vez más profesionalizados, cualificados y con mejores medios son imprescindibles para consolidar el camino de superación de la crisis», ha insistido Montoro.
PROMOCIÓN INTERNA.
Y eso es lo que se hace con este decreto, que añade 1.200 nuevas plazas públicas y prevé otras 1.700 promociones internas, para conseguir una plantilla de funcionarios «jóvenes y preparados que deseen emprender una carrera de servicio público para vertebrar el país». «Desde 2009 no crecían tanto las nuevas incorporaciones a la Administración General del Estado. Es un esfuerzo que, sin duda, vale la pena», ha precisado.
Además, el ministro ha asegurado que se van a implantar «nuevos mecanismos y más flexibilidad» a los procesos de promoción interna para «mejorar las expectativas del personal funcionario y laboral» pero también para permitir la movilidad voluntaria entre diferentes administraciones.
«Tengo el convencimiento de que esta oferta de empleo público extraordinaria, aunque limitada aún por la necesidad de mantener la austeridad y el control del gasto de personal de la Administración, es la que necesita ahora nuestra economía, nuestra sociedad y nuestro país de forma prioritaria», ha añadido Montoro.
DOS ÁREAS PRIORITARIAS.
En concreto, la ampliación de la Oferta Pública de Empleo (OPE) que se recoge en este decreto ley se centra en dos áreas «cuyo refuerzo se considera prioritario», como son la Agencia Tributaria (AEAT) y los funcionarios de la Administración local con habilitación de carácter nacional, ambas «muy importantes en el control de la gestión económica de las administraciones y en la lucha contra el fraude».
En este sentido, ha precisado que la AEAT «necesita actualmente nuevos impulsos» para poder recuperar ingresos tributarios, que han sufrido una «notable caída» de cinco puntos del PIB desde 2007 tanto por la crisis como por las decisiones del Gobierno anterior.
Por eso, el Ejecutivo ha decidido ampliar en 166 las plazas previstas para este organismo además de convocar 627 plazas de promoción interna que «podrán nutrirse» de funcionarios de otros departamentos gubernamentales «excedentarios». «En total, 720 plazas más que en la oferta de 2013 y la mayor cifra de promociones internas desde 1997», ha subrayado Montoro.
Además, ha destacado que para hacer un uso más eficiente de los recursos humanos, se han tomado decisiones para «favorecer tanto la movilidad vertical de quienes ya trabajan en la Agencia como la movilidad horizontal, dando a personal de otros ministerios u organismos públicos la posibilidad de cambiarse a áreas con necesidad de efectivos».
TRABAJADORES DE CORREOS A LA AGENCIA TRIBUTARIA.
En este sentido, el ministro ha precisado que en las promociones dentro de la Agencia se utilizarán los «mecanismos habituales» de oposiciones o concursos-oposiciones, mientras que para la movilidad horizontal hacia la AEAT se ha identificado como «idóneo» al personal de Correos, cuyos trabajadores podrán optar voluntariamente a cambiar de departamento a finales de año tras recibir formación tributaria y procedimental.
Así, los trabajadores que acaben en la Agencia Tributaria por esta vía se destinarán a «apoyo de cuadros medios en la lucha contra la economía sumergida, verificación de obligaciones de facturación y obligaciones formales, apoyo al personal en captación de datos y apoyo a órganos de comprobación de la gestión tributaria en las revisiones, así como al personal superior en tareas auxiliares y administrativas».
En cualquier caso, el titular de Hacienda ha defendido el buen hacer de los trabajadores de la Agencia Tributaria, que han «incrementado de manera notable tanto el número como la calidad» de los servicios que prestan y que en los dos últimos ejercicios han conseguido los «mejores» resultados de recaudación por lucha contra el fraude a pesar de moverse en un contexto económico «especialmente complicado».
Además, ha recordado que la ratio de eficiencia de la AEAT es superior a la de otros países de la OCDE, que ha sido un cuerpo particularmente activo en el desarrollo de la administración electrónica y que sus tareas se extienden más allá del control tributario, ya que también realizan otras funciones como asistencia judicial.
FUNCIONARIOS MUNICIPALES.
Con respecto a la oferta de 210 vacantes puras más de funcionarios locales con habilitación nacional y 70 promociones internas, Montoro cree que se trata de una «cifra razonable y adecuada para nutrir a las corporaciones que están desasistidas» y que ahora además tendrán que ocuparse de las nuevas funciones que les atribuye la Ley de Racionalización de la Administración.
Todo ello en un contexto de «elevadas plazas vacantes» en los ayuntamientos, sobre todo en las subescalas de Intervención, Tesorería y Secretaría-Intervención, que son las que «tienen atribuidas las funciones de control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, además de la contabilidad, tesorería y recaudación».
«Son funciones de gran importancia en la lucha contra el fraude, en el control del déficit y en la consecución y mantenimiento del equilibrio presupuestario», ha insistido Montoro, admitiendo a renglón seguido que las once plazas previstas por la tasa de reposición admitida en los Presupuestos para este tipo de funcionarios es, por tanto, «notoriamente insuficiente».