El Gobierno ha empleado nueve meses en el anteproyecto de Ley Orgánica para la Protección de la vida del concebido y los Derechos de la Mujer embarazada que finalmente no verá la luz.
El presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, ha anunciado este martes su decisión de retirar la reforma de la ley aprobada por los socialista la pasada Legislatura justo el día en que el ministro de Justicia se había puesto de plazo –el fin del verano– para la aprobación de su anteproyecto.
El Gobierno aprobó el anteproyecto en Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, el pasado mes de diciembre y se esperaba que seis meses después fuera aprobado el proyecto para iniciar en otoño su tramitación parlamentaria.
Pasado este plazo, en el mes de julio, preguntado sobre la aprobación del texto, Ruiz-Gallardón, que siempre ha defendido que no iba «a dejar morir» el anteproyecto, dijo entre bromas que vería la luz en verano y que éste acababa según «el Instituto Nacional de Meteorología», en el mes de septiembre. La AEMET (Agencia Estatal de Meteorología) marca el fin del periodo estival este año el día 23, por lo que, con el calendario del ministro, el proyecto debería haber visto la luz en el Consejo de Ministros del pasado viernes 19 de septiembre, pero no lo hizo.
Su portavoz, la vicepresidenta Soraya Saénz de Santamaría, ha insistido durante varios viernes que el Ejecutivo estaba trabajando en lograr el máximo consenso en torno a la reforma, analizando todos los informes sobre la misma. El pasado viernes, cuando fue de nuevo interpelada sobre la ‘suerte’ de esta iniciativa, Sáenz de Santamaría indicó que el Gobierno estaba trabajando por buscar «el máximo consenso» en la redacción de la reforma pues se trataba de «una ley complicada» y de un asunto «de enorme sensibilidad social». «Vamos a tratar de lograrlo», insistió.
En las filas del PP, la impresión es que los malos resultados en las elecciones europeas, el desacuerdo tanto en el partido, como en el grupo parlamentario y en el propio Gobierno en torno a la reforma que ha venido trascendiendo en los últimos meses podrían suponer la paralización de la iniciativa.
El presidente del PP de Gipuzkoa, Borja Semper, llegó a darla por retirada, al afirmar que «los gobiernos sensatos, del siglo XXI, que escuchan a los ciudadanos son aquellos buenos gobiernos que también saben rectificar». En el Ministerio de Justicia, preguntados por esta cuestión, sólo afirmaban que Gallardón estos días estaba «centrado en Cataluña».
DIMISIÓN DE GALLARDÓN
Diversas fuentes ‘populares’ verían lógico que el ministro abandonase el Gobierno ante las «constantes desautorizaciones» que tanto desde Génova como desde Moncloa han llevado a cabo desde que tomó las riendas de la cartera de Justicia.
Así, han puesto como ejemplo la reforma del CGPJ, las tasas judiciales, o la supresión de los partidos judiciales, medidas que el ministro ha defendido a capa y espada y que ha tenido que suavizar obligado por Moncloa, ante la contestación social que se estaba generando y por la pérdida de votos cosechada en las europeas.