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El Consejo de la Juventud aclara que «la sobrecualificación, subocupación y temporalidad» acompañan al empleo juvenil

El Consejo de la Juventud de España ha respondido al Gobierno este jueves que la «sobrecualificación, subocupación y temporalidad» son los adjetivos «más habituales» que acompañan al concepto de empleo juvenil, ante las declaraciones del Ejecutivo «negando la precariedad en el empleo juvenil».

Así, destaca que la lacra del empleo juvenil radica tanto en la cifra de desempleo, de más del 49% en personas de 16 a 24 años, como en las condiciones laborales de la juventud empleada, según indica el Observatorio Joven de Emancipación que edita el propio Consejo Juventud de España, y que pone de relieve lo «insuficiente» de la calidad del empleo juvenil para alcanzar la emancipación y poder aspirar a un plan de vida con futuro.

En concreto, cita que la tasa de personas jóvenes subocupadas alcanza el 24,4% (16-24 años) y el 21,8% (25-29 años). El 77% de las personas de 25 a 29 años con una jornada parcial lo hacen de forma involuntaria, esto es, aunque quieren trabajar a jornada completa, no pueden hacerlo, añade.

A su vez, precisa que el 57,4% de las personas jóvenes se encuentran desempeñando un puesto de trabajo por debajo de su cualificación. En cuanto a la temporalidad, puntualiza que la práctica totalidad de las nuevas contrataciones a la población juvenil son temporales (92,8% en el último trimestre 2014).

«Estos datos dibujan una realidad con menores salarios, menores derechos laborales, prestaciones por desempleo de menor cuantía y una realidad en la que se acaban trabajando más horas de las contratadas», explican desde el Consejo de la Juventud.

A su juicio, estos aspectos precarizan el empleo juvenil y desenbocan «en algo que aún más grave»: la pobreza juvenil. De hecho, sostiene que el 38% de los hombres y el 35,7% de las mujeres (16-24 años) se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social.

«Desafortunadamente, si algo define al empleo juvenil es su precariedad, una situación de tal gravedad que debe afrontarse con la intervención conjunta de las distintas administraciones y agentes sociales», sentencia.