El Consejo Escolar del Estado considera una «improcedencia» que se otorgue a las comunidades autónomas competencias del Estado como la fijación de las preguntas y el calendario de aplicación en las evaluaciones finales de ESO y Bachillerato de la LOMCE porque «puede ahondar, aún más, en las diferencias existentes entre las 17 autonomías».
Esta es una de las principales observaciones realizadas por este órgano consultivo en su dictamen del borrador del proyecto de real decreto que regula las evaluaciones de ESO y Bachillerato, al que ha tenido acceso Europa Press. El texto normativo fue sometido a debate por la Permanente del Consejo Escolar hace una semana y contó con el voto particular de CEAPA, FE-CC.OO, FETE-UGT y STES.
Así, en este dictamen la institución en la que está representada toda la comunidad educativa –patronales, sindicatos, padres, alumnos, el CERMI y comunidades autónomas– propone al Ministerio de Educación que suprima del artículo 3 apartado 1.a de su borrador que establece que las comunidades autónomas se encarguen de la redacción de las pruebas y elaboración de las guías de codificación y corrección.
Sobre este aspecto indica también en su dictamen que las pruebas que se regulan en la norma «deberían asegurar la mayor homogeniedad posible en cuanto a sus condiciones de aplicación y corrección, así como la mayor comparabilidad de los resultados», siendo esto «compatible» con un reparto «equilibrado» entre Estado y comunidades autónomas.
UNIFICAR CONVOCATORIAS
También sugiere que para garantizar la igualdad de condiciones básicas de los alumnos en cuanto al acceso de los títulos correspondientes, pues estas evaluaciones son condición para obtener el título de graduado en ESO y en Bachillerato, se unifique «para todo el territorio nacional» tanto la convocatoria ordinaria como la extraordinaria de estas pruebas, modificando así el apartado 1 del artículo 4 del borrador.
Esta recomendación está «especialmente indicada», según el Consejo Escolar, en la ‘reválida’ de Bachillerato, «habida cuenta de su incidencia en el acceso a los estudios universitarios».
En este sentido, advierte de que si algunas comunidades autónomas fijan la convocatoria extraordinaria en junio, otorgarían «cierta ventaja comparativa» a su alumnado frente al de otras autonomías que la fijen en septiembre, que tendría «consecuencias» a la hora de elegir los estudios y matricularse en las universidades de todo el territorio nacional.
Asimismo, sostiene que al tener consecuencias académicas ambas evaluaciones finales, por conducir a título, sobre todo la de Bachillerato «requiere extremar la igualdad de condiciones organizativas» que pueden afectar a la realización de las pruebas y, en particular, a los procesos de corrección y de calificación.
El Consejo Escolar subraya que para que la explotación de los datos obtenidos sea de «utilidad», es necesario que la comparabilidad de las calificaciones en los distintos territorios se realice en términos «lo más homogéneos posibles» .
EVALUAR COMPETENCIAS DE FORMA PROGRESIVA
En cuanto a las siete competencias evaluadas en la ‘reválida’ de ESO –comunicación lingüística, competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, competencia digital, aprender a aprender, competencias sociales y cívicas, sentido de iniciativa y espíritu emprendedor y conciencia y expresiones culturales– el Consejo Escolar señala que examinar todas desde el principio, en lugar de ir incorporándolas cada año, «puede complicar en extremo el proceso de elaboración de las pruebas».
Respecto a esto último, advierte de que evaluar «todas y cada una de las competencias» desde el primer momento resulta «excepcional» si se compara con la práctica más extendida entre los países de la Unión Europea. Por ello, sugiere al ministerio que reflexione sobre la posibilidad de introducir de forma explícita en la norma el «carácter progresivo» de esa evaluación de competencias.
El Consejo Escolar recomienda también reflexionar sobre las competencias atribuidas a las comunidades autónomas en relación con las exenciones a los aspirantes respecto a la superación de algunas de las pruebas o partes de las mismas para la obtención del título de ESO y Bachillerato. A su juicio, esto puede conducir a una situación de «heterogeniedad» entre los territorios en la aplicación de estas dispensas.
¿NI EVALUACIÓN NI PAU?
En cuanto a la disposición transitoria única del borrador, relativa a al alumnado que el curso que viene cursa 2º de Bachillerato de la LOMCE con asignaturas pendientes del currículo anterior, este órgano consultivo reclama a Educación que aclare este extremo, pues de la lectura del texto puede deducirse que, «de un modo excepcional, los alumnos pasarán a la Universidad sin someterse ni a las PAU ni a la ‘reválida’ de Bachillerato».
Además, recuerda que esta disposición contradice a la LOMCE, que en su disposición final quinta prevé que la evaluación de Bachillerato realizada en 2017 se tenga en cuenta para el acceso a la Universidad aunque su superación no sea necesaria para la obtención del título de esta etapa.