Ciudadanos advierte que entre 2011 y 2015 el número de trabajadores cayó un 13%.
Los Tribunales Económico-Administrativos pierden personal, un 13% entre 2011 y 2015, según los últimos datos conocidos, a pesar de acumular 180.000 demandas pendientes.
Esta es la denuncia de Ciudadanos, cuyos diputados Vicente Ten, Francisco de la Torre y Marcial Gómez han registrado una batería de preguntas a las que ha tenido acceso Europa Press en las que preguntan al Ministerio de Hacienda por las medidas que implementó el Ejecutivo en el pasado año para revertir esta situación y las que baraja aplicar en un futuro.
El pasado 7 de octubre, recuerda la formación naranja, su portavoz de Hacienda, Francisco de la Torre, se dirigió al departamento que dirige Cristóbal Montoro para preguntarle por el «colapso» que viven estos tribunales, a los que los ciudadanos pueden dirigirse de forma gratuita para resolver sus conflictos con la administración tributaria.
La tasa de estimación de las reclamaciones de los contribuyentes está en estos momentos cerca del 40%, según fuentes de los Tribunales aludidas por Ciudadanos.
¿POR QUÉ SE RECORTA PERSONAL?
En el último año, señala la formación, se recibieron 204.698 casos y se resolvieron 195.749. Una diferencia de 8.500 para un total de 180.000 pendientes, denuncian, sin saber todavía los datos de 2016.
Además de interesarse por la actualización de esta cifra, Ciudadanos también pregunta por las razones que sustentan el recorte de personal en estos tribunales.
A pesar de que el número de ponentes se ha incrementado en 14 personas –sin que el número de expedientes resueltos superara al número de entradas, advierten–, el personal de apoyo se ha reducido en 114 personas, de 538 en 2011 a 424 en 2015.
INTERESES DEL 3,75%
La formación naranja critica que estos retrasos no solo afectan a los derechos de los ciudadanos, sino que también suponen «costes y riesgos muy importantes para la Hacienda Pública».
Un retraso superior a cuatro años implica la prescripción de los derechos de la Hacienda Pública, advierten, pero es que al tener que liquidar a favor del contribuyente los intereses de demora cuando se acepta la demanda, esto supone un coste adicional del 3,75%. Y en caso de que las cuantías ingresadas estén suspendidas, la Hacienda Pública debe abonar el coste de los avales.
Por último, Ciudadanos pregunta por la deuda pendiente de liquidación que suman los expedientes pendientes de resolución en los tribunales y por el importe de la deuda pendiente que el Gobierno estima que podrá cobrar.