El Defensor del Pueblo exige protección «rápida y eficaz» para los hijos del mujeres víctimas de violencia de género para evitar que se sigan produciendo asesinatos de estos menores a manos de sus padres maltratadores.
Así lo ha señalado la institución en un comunicado con motivo del encuentro que este jueves 7 de septiembre ha mantenido el Defensor en funciones, Francisco Fernández Marugán, con Ángela González, la mujer cuya hija de siete años fue asesinada en 2003 por su exmarido, condenado por maltrato, durante un régimen de visitas sin supervisión y autorizado por un juzgado.
El caso llegó hasta el Comité para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) de Naciones Unidas, que condenó en 2014 a España por no haber protegido a Ángela González y a su hija y emitió un dictamen con una serie de recomendaciones para mejorar la protección de las mujeres y sus hijos frente a la violencia de género.
Según recuerda el Defensor del Pueblo en un comunicado, esta institución solicitó en su día información al Gobierno sobre las actuaciones que tenía previsto llevar a cabo para dar cumplimiento a las recomendaciones de Naciones Unidas, a lo que el Ministerio de Justicia contestó que «se trataba de una recomendación de carácter jurídico, que no vinculaba al Gobierno en cuanto a su cumplimiento».
Frente a esta respuesta, sostiene que los estados parte sí tienen obligación de garantizar que todos los derechos consagrados en la Convención se respeten plenamente a nivel nacional y, por ello, inició actuaciones ante la Dirección General de las Naciones Unidas y Derechos Humanos de la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores acerca de la obligatoriedad del cumplimiento de las obligaciones internacionales contraídas por España de conformidad con el Dictamen del CEDAW.
Según explica, la citada Dirección General comunicó que carecía de competencias para pronunciarse sobre este dictamen e informó de que la cuestión del tratamiento de las quejas individuales ante los órganos de los tratados, así como el seguimiento de los correspondientes dictámenes, es una materia que podría ser abordada en el pendiente Plan de Derechos Humanos que España se ha comprometido a completar en el marco del reciente Examen Periódico Universal. «La actuación se mantiene abierta», apunta la institución.
La exdefensora Soledad becerril se ha pronunciado sobre la protección de menores víctimas de violencia machista en varias ocasiones. En 2014, pidió que facilitara la supresión de las visitas y comunicaciones de los imputados por malos tratos con sus hijos con el fin de prevenir posibles riesgos. También pidió garantizar por ley un examen individualizado del régimen de visita de cada menor afectado por una situación familiar de violencia de género.
«La institución comparte el criterio de Naciones Unidas de que los antecedentes de violencia de género sean tenidos en cuenta en el momento de estipular los derechos de custodia y visita relativos a los hijos», asevera en el comunicado, en el que informa de que mantiene abierta una actuación en este sentido, a la espera de recibir información sobre las medidas específicas adoptadas para el desarrollo de la Ley Orgánica de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.