El tribunal de garantías, a la espera de recibir los recursos anunciados por Rajoy.
El pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha admitido este jueves a trámite el incidente de ejecución presentado por el Gobierno contra la resolución de la mesa del Parlamento de Cataluña que permitió la tramitación de la ley de referéndum de autodeterminación, cuya celebración está anunciada para el 1 de octubre. Reanudarán la sesión a las 19 horas para estudiar los recursos de inconstitucionalidad que presentará el Gobierno tras la aprobación anoche de la citada ley y de la aprobación del decreto para convocar la consulta, han informado fuentes del tribunal.
Además, el tribunal de garantías ha aceptado la personación de la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell como parte del incidente de ejecución. La decisión se produce después de que ayer la Cámara catalana debatiera y aprobara la norma que regulará la celebración del referéndum de autodeterminación.
La admisión del incidente constituye el primer paso del tribunal de garantías para dar respuesta a las últimas decisiones con las que el Parlamento y el gobierno catalanes buscan hacer realidad la ruptura con España. Permitirá un debate que puede concluir con la declaración de nulidad de las citadas resoluciones y, por ende, de las normas que se hayan aprobado como consecuencia de ellas.
Antes de comenzar con este debate el Constitucional ha rechazado de plano por «impertinente y abusiva» la recusación presentada por la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, contra los doce magistrados que integran este órgano, a quienes consideraba «contaminados» para decidir sobre la aplicación de medidas de ejecución de sus sentencias en relación con el proceso independentista.
REUNIÓN DE URGENCIA
Aunque aún no existe convocatoria oficial, fuentes del tribunal de garantías han confirmado a Europa Press que los magistrados tienen previsto reunirse esta tarde para estudiar los recursos de inconstitucionalidad que ya ha anunciado el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, contra las normas aprobadas por el Parlamento y el Gobierno de Cataluña para convocar el referéndum secesionista.
En su comparecencia tras el Consejo de Ministsros, Rajoy ha precisado que pedirá al alto tribunal que notifique a todos los altos cargos de la Generalitat relacionados con la organización de la consulta y, también a los 947 alcaldes de Cataluña, que tienen «el deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa tendente a la organización del referéndum»
Por lo que respecta al incidente admitido ya a trámite, en él el Gobierno instaba al Constitucional a instar la adopción de los trámites para la reclamación de las responsabilidades penales en las que pudieran haber podido incurrir Forcadell y los miembros de la Mesa del Parlamento catalán que este miércoles votaron a favor de la tramitación de la ley de referéndum. Lo considera un incumplimiento de la sentencia en la que éste mismo órgano anuló en diciembre de 2015 la resolución independentista y prohibió todos los actos dirigidos a cumplirla.
El recurso elaborado por la Abogacía del Estado argumenta que «para salvaguardar» la autoridad del Tribunal Constitucional y el Estado de Derecho «se hace preciso que se explicite con la mayor claridad y contundencia posible que la ejecución de los actos aquí impugnados constituyen un grave incumplimiento de las decisiones adoptadas por el tribunal, y que los instrumentos no puedan ponerse en marcha».